La Sala Político Administrativa admitió a trámite la demanda que el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) que en noviembre de 2010 interpuso contra el despacho que dirige Nicolás Maduro, al cual acusó de violar el artículo 51 de la Constitución.
La entrada en vigencia del texto permitiría a los venezolanos acudir ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para demandar a las autoridades nacionales por incumplir lo previsto en el tratado que Venezuela ratificó en 1978 y el cual la obliga a garantizarle a sus ciudadanos derechos como la educación, salud, vivienda, trabajo, recreación, entre otros.
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