“En Ecuador una madre soltera, analfabeta, que transporta unos gramos de droga para mantener a sus hijos puede acabar mas años en la cárcel que un asesino” es el criterio de Coletta Youngers, asesora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA siglas en inglés) en el marco del foro sobre políticas de drogas y seguridad ciudadana en Ecuador.
El estudio, que se presenta en Quito, compara a ocho países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, detalla resultados comunes.
La desproporción alarmante de las penas que oscilan entre 15 y 25 años por delitos con drogas contrasta con la pena máxima que recibe un homicida de 16 años según la legislación vigente en Ecuador, que ya tuvo una declaratoria de emergencia en 2007 por parte del presidente Correa, lo que desembocó en la revisión del código Penal y del sistema judicial en su conjunto que hiciera la Asamblea Nacional. El Gobierno continua con las reformas y la ley 108 en particular que trata el delito con drogas.
La tipificación inadecuada. Un pequeño vendedor, el transportista o mula y el gran narcotraficante recibe el mismo trato en el sistema de justicia, lo que implica para Youngers, en un impacto similar al de las drogas en los seres humanos. Esto aumentó de manera alarmante las poblaciones carcelarias. Concluyó.
“Los detenidos en Ecuador no son los narcotraficantes. No se está haciendo nada para acabar con el tránsito de droga en Ecuador por llenar las cárceles con mulas”, sostuvo Sandra Edwards, consultora de WOLA.
La Investigadora del Instituto Transnacional (TNI) en Holanda y varios países de Latinoamérica, Pien Metaal, señaló que “el hacinamiento en varios países llega a tal nivel que las condiciones son infrahumanas”. Además sostiene que la población más afectada son, casi siempre, los de bajos recursos.
El estudio,
Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina, contrapone, para los panelistas, las políticas de: prevención, sanción, rehabilitación. Que desarrolla el sistema criminal para abordar el problema del narcotráfico con el control, manejo y gestión de la problemática desde políticas sociales.
Para el panelista, Ricardo Soberón, Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) en Lima, el asunto radica en que los países de la región son receptores de un modelo judicial que encarga al derecho penal el problema de las drogas. Sin pensar si se está en condiciones de cumplir con las exigencias del poder Ejecutivo. Se debe dejar de lado el tratamiento del problema de droga desde el ámbito penal y se lo debe mirar desde las políticas sociales, afirma.
Para, Rodrigo Uprimny, panelista del Foro el caso colombiano representa una gran lucha que asesta duros golpes a los capos del narcotráfico, que ha desencadenado en el fortalecimiento de la Fuerza Pública lo que se ha traducido en el mejoramiento de algunos indicadores como la tasa de homicidios. Así en Bogotá en los años 92 era de 70 por ciento y ahora se ubica entre el 15 y 20 por ciento. No así el indicador de los grandes desplazamientos que el estudio no los aborda dejando de lado las migraciones y las guerrillas como temas ligados.
Además, el estudio señala los costos “desproporcionados” en directa afectación a las garantías ciudadanas. En el caso colombiano en particular la excesiva militarización el llamado “jueces y testigos sin rostros” lo que limita claramente los derechos ciudadanos.
Este impacto en términos carcelarios produce el aumento de la población en estos centros, sostiene, Uprimny.
El caso boliviano expuesto por el panelista, Diego Giacoman, contrapuso la reducción de la población carcelaria en 2005 de 47 por ciento a el 31 por ciento en 2009 para luego en 2010 un ascenso del 34.5% por causa del cambio en el régimen penitenciario de justicia en el tema de drogas.
Además señaló un sin número de falencias comunes en los países de la región así los implicados en casos de delitos con drogas no cuenta con sentencia de un juez.
El estudio concluye con opiniones compartidas sobre la meta que tienen los países de la región el tratamiento de las políticas de drogas y la seguridad ciudadana. Así se busca la despenalización del consumo de droga, la innecesaria restricción de garantías ciudadanas, diferenciar y tipificar los delitos con drogas y llevar un control de información para medir el impacto de las políticas de drogas en la población más vulnerable, entre otros.
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