El juez impone a Matas una fianza previa a 'sentarle en el banquillo'

Así lo ha resuelto el magistrado mediante el auto de pase a procedimiento abreviado que ha dictado este miércoles, con el que decreta que continúe el proceso penal no sólo contra Matas y Alemany sino también contra el ex director general de Comunicación del Gobierno balear del PP, Joan Martorell, el director de la empresa de publicidad Nimbus, Miquel Romero, y las ex jefas de gabinete de Matas, Maria Umbert y Dulce Linares, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.    Mientras tanto, el juez ha sobreseído esta pieza, la número 2 del caso, en relación a dos sobrinos de Alemany, los hermanos Miguel Mateo y Lucía Oliver. En concreto, Castro postula que los imputados contra quienes podrán calificar las acusaciones pudieron incurrir, entre otros, en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.    Ésta es la primera de las 25 piezas en las que se divide el caso Palma Arena que finaliza su instrucción y por la que el ex presidente del Gobierno podría ser juzgado. La causa investiga el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos durante la construcción del velódromo palmesano y su posible conexión con el supuesto enriquecimiento ilícito de Matas y una financiación irregular del PP.    En concreto, las investigaciones de esta pieza giran en torno a la contratación de Alemany por parte de Matas a través de la empresa de publicidad Nimbus de forma supuestamente amañada. Y es que, de acuerdo a las pesquisas, el Gobierno balear tramitó por vía de urgencia a principios del pasado mandato un concurso público para un proyecto de asesoramiento, y la única empresa que se presentó al concurso fue Nimbus, que se encuentra bajo investigación judicial por presuntamente mediar en una financiación irregular del PP.    A tenor de las indagaciones efectuadas al respecto, cada mes Nimbus cobró 4.000 euros por estos presuntos trabajos de asesoramiento y comunicación, cantidad que a su vez coincide con la percibía Alemany de la agencia publicitaria a través de su empresa, por lo que se sospecha fue contratado directamente por el Gobierno balear sirviéndose de la mediación de Nimbus para simular la contratación.    De forma paralela, la pieza indaga la subvención que el grupo de delincuencia económica de la Policía Nacional cifró en 270.000 euros -pese a que en un principio el juez hablaba de 449.734 euros- y que percibió en 2006 la Agencia Balear de Noticias -perteneciente a Alemany- por parte del Gobierno balear, pese a que en nombre de la misma se presentó su sobrino, Miguel Oliver.    El veterano periodista aseveró, en una de sus declaraciones ante el magistrado, que sin esta aportación pública el proyecto para la gestión de ABN hubiera sido inviable, y manifestó que el dinero se destinó a la contratación de quince trabajadores así como a cubrir los gastos "de una empresa innovadora". Es más, llegó a considerar la subvención "de las más impecables de la historia democrática de Baleares". Subvención irregular a la Agencia Balear de noticias    Asimismo, el encausado, asistido por el letrado Javier Fernández, negó que la subvención abonada fuese de 449.734 euros, al tiempo que explicó de forma pormenorizada el funcionamiento tanto de ABN como de Libertad Balear -también de su propiedad-, dos sociedades "independientes entre sí, como ha quedado acreditado documentalmente", según defendió para negar que a través de ABN hubiera desviado fondos al diario digital. Alemany negó además haberse servido de testaferros, en referencia a sus sobrinos, para obtener la subvención.    Por su parte, el director de Nimbus defendió al mismo tiempo la legalidad del concurso que convocó el Gobierno balear en la pasada legislatura y por el que fue contratada esta empresa, negando así que sirviese de mediadora para favorecer la contratación directa de Alemany. Al respecto, recordó que una vez adjudicado el proyecto fue subcontratado Alemany para la asesoría y la elaboración de discursos del entonces presidente del Gobierno balear, rebatiendo de este modo los indicios que apuntan a una contratación presuntamente amañada.