El juez decreta prisión provisional sin fianza para el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo

   El abogado del ex primer edil, Rafael Parera, informó en los pasillos de los juzgados de la Via Alemania de Palma el abogado del ex primer edil, Rafael Perera, que el Ministerio Fiscal había solicitado la prisión provisional sin fianza para los acusados, algo que los letrados de ambos detenidos recurrieron alegando una petición de libertad bajo fianza, porque según manifestó Perera, no existía riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas, puesto que el juzgado "ha tenido el tiempo suficiente para tomar las medidas oportunas".

   Fuentes judiciales informaron que el magistrado Latorre dictó un auto para cada imputado, en el se que justifica el envío a prisión de ambos acusados "para preservar las fuentes de la prueba", al entenderse que "los dos en libertad y por la estrecha relación que tienen entre sí, podrían influir en documentos sensibles que aún no están a disposición del juzgado".

   Por su parte, el abogado del ex celador, Juan Luis Matas, calificó la medida dictada por el juez de "injusta y excesiva" en base a las conductas que el auto señala que podría haber cometido su defendido, y afirmó que el Ministerio Fiscal "confunde y narra una serie de cosas en las que de una forma común atribuyen hechos a Gibert que no ha cometido ni podría haber cometido".

   Matas explicó que su defendido "no puede conceder ninguna licencia" por su condición de celador en el Ayuntamiento y aseguró que se le atribuyen hasta 50 delitos de prevaricación urbanística por haber concedido licencias, algo que, según aseguró, "es del todo imposible".

   Entre los cargos que se le imputan a Gibert, Matas enumeró los de negociaciones prohibidas, cohecho y asociación ilícita, tanto con Hidalgo como con arquitectos y personas que permanecen imputadas dentro de la causa, y aseguró que los letrados sólo han tenido acceso a la declaración de la ex arquitecta municipal, María Isabel Seguí, quien reconoció ante el juez haber recibido presiones en ciertos momentos por personas del Consistorio, según añadió el letrado.

   "No me parece justa la medida adoptada porque entiendo que dentro de la solicitud hay hechos que no tienen nada que ver con mi representado" sentenció Matas, quien anunció que la defensa de Gibert presentará un recurso al decreto del juez para solicitar la libertad bajo fianza en un plazo de tres días, y que el magistrado ha de resolver en un plazo de entre siete y ocho días.