En favor de la libertad

En la próxima campaña electoral, para las municipales en toda España y para las autonómicas en varias comunidades, se aplicará la “ley mordaza” que, desde la Junta Electoral Central y por decisión mayoritaria del Congreso de los Diputados, convierte a los informadores en marionetas, les prohíbe filmar o emitir desde los mítines con sus propios medios, impone que la señal audiovisual sea distribuida en exclusividad por los propios partidos, aplica unos estrictos controles de pautas y minutos, y regula de un modo excesivo y abusivo la posibilidad de los debates políticos a dos, a tres o a siete bandas. Ciertamente que la democracia es un antídoto contra la ley de la selva, y se debe impedir que quienes dispongan de más dinero puedan manejar a su antojo los tiempos televisivos, con una profusión de espacios y mensajes que nada tienen que ver con la difusión de los programas políticos, y sí con la propaganda pura y dura propia de las dictaduras. Pero de ahí a impedir la presencia de los informadores en los mítines o a cercenar el criterio profesional de los periodistas para decidir sobre lo que más le puede interesar a la sociedad hay un abismo. Si en el artículo 20 de la Constitución se consagra la libertad de expresión, no es razonable que esa libertad sea atropellada en nombre de una ficticia neutralidad. Desde diversas instancias de la profesión y de la empresa periodística, como la Federación de Asociaciones de la Prensa de España o la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, se denuncia que exigencias de este calibre no tienen parangón en ningún país con separación de poderes y libertad de prensa. El comunicador es, por definición, un intermediario entre los hechos de interés público y la sociedad. Y está obligado a contar lo que pasa, a censurar lo que está mal hecho, a elogiar lo que merece reconocimiento. Pero esta labor, en tiempo electoral, y con la actual legislación, es imposible. Y los beneficiarios de esta mordaza son los grandes partidos, que casi monopolizan el tiempo de pantalla, pero no lo son los ciudadanos ni lo es la libertad. Cuando faltan dos meses y medio para los comicios municipales y autonómicos, lo que vendrá será un tiempo de propaganda audiovisual, y no un período de debate y de claridad.