De Santiago-Juárez convoca a los agentes económicos y sociales que apoyaron la gestión del Duero

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, ha convocado para el próximo 12 de abril una reunión con los agentes económicos y sociales de Castilla y León que, desde el inicio de la reforma estatutaria, promovieron, apoyaron e impulsaron la reclamación sobre la gestión del Duero por parte de la Comunidad Autónoma. De este modo, la Junta ratifica su apuesta por el consenso en esta materia, un consenso que se vio refrendado con la reunión de ayer en las Cortes con los grupos parlamentarios y se da cumplimiento al compromiso trasladado por el consejero y portavoz de mantener informados a quienes, desde la Comunidad, siempre han apostado porque Castilla y León tenga "peso y protagonismo" en las decisiones relacionadas con la cuenca del Duero. A la reunión, que tendrá lugar el próximo martes 12 de abril en la sede de la Consejería de la Presidencia, se ha convocado a los sindicatos, patronal, cámaras de comercio, Federación Regional de Municipios y Provincias, organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y regantes. Todos estos colectivos ya expresaron durante la Comisión no permanente que se abrió en las Cortes en los inicios de la reforma estatutaria, el deseo de que Castilla y León pudiese gestionar el Duero. Con este encuentro la Junta de Castilla y León quiere reforzar el consenso en torno al Estatuto, un consenso que, como ha recalcado el consejero y portavoz "no sólo no se ha roto nunca, sino que es firme y está comprometido con el futuro de la Comunidad". En esta apuesta por el consenso, ratificada hace apenas unas horas por todos los grupos políticos con representación en las Cortes, la reunión de la próxima semana sirve, según ha detallado De Santiago-Juárez, para que, de nuevo, sean los colectivos de Castilla y León "a los que más afecta" la gestión de los recursos hidrológicos, los que puedan conocer de primera mano "todas las opciones" que siguen abiertas y que se van a plantear en el marco de la Comisión Bilateral cuya convocatoria ya se ha reclamado al Gobierno de la nación. Desde que se iniciaron las conversaciones sobre el Duero en el marco de la Comisión Bilateral, en el verano de 2008, el consejero de la Presidencia adquirió el compromiso de mantener "puntualmente informados" a los representantes de la sociedad civil de Castilla y León que guardan "una relación más directa" con la asunción de competencias en materia hidrológica. De hecho, se han venido celebrando encuentros públicos y contactos de carácter más discreto con estas entidades en los que se ha podido dar cuenta de la evolución de las negociaciones -antes de conocerse la sentencia del Alto Tribunal- y, posteriormente, esos contactos se han repetido y, ahora, se concretan en la reunión que tendrá lugar dentro de una semana. La Junta de Castilla y León, ha añadido el consejero de la Presidencia, entiende que estamos en el momento "más oportuno" para "escuchar y dar voz" a quienes, desde la Comunidad, "siempre han defendido" la conveniencia de que desde Castilla y León se tenga "peso y protagonismo" en todo aquello que guarde relación con el Duero. Por ello, a la reunión se ha convocado a las organizaciones sindicales, los empresarios, los sindicatos agrícolas, las cooperativas, los regantes y los municipios. Como ha resumido De Santiago, "todos ellos tienen también mucho que decir" si finalmente, "tal y como todos deseamos", se llega a un acuerdo con el Gobierno central para estar presentes "dentro de los márgenes constitucionales" en la toma de decisiones sobre el principal río que "atraviesa y vertebra nuestro territorio". Se cumple un año de la firma del manifiesto Este mismo apoyo de los agentes económicos, sociales y de los representantes del sector agrario y de los municipios se repitió, una vez aprobado el Estatuto y se plasmó en un documento firmado hace ahora un año, el 16 de abril de 2010, en el que, ante las continuas excusas y aplazamientos del Gobierno de la nación, los once colectivos que han sido llamados de nuevo para la próxima semana fijaron una posición en torno a la asunción de las competencias. En aquel manifiesto afirmaban que resultaba "imprescindible" que el Ministerio de Política Territorial diera respuesta a la propuesta de acuerdo que había remitido la Junta para iniciar el proceso negociador que condujera a la transferencia de las competencias de acuerdo a lo señalado por el artículo 75.1 del Estatuto. Incluso se abría la posibilidad de establecer una "cláusula de salvaguarda" de modo que se pudiese avanzar mientras se esperaba a conocer el resultado de un Dictamen Motivado de la Comisión Europea, esgrimido por el Gobierno central en aquella época y que, posteriormente, "se demostró que no guardaba relación alguna" con el Duero, como ha recordado el consejero de la Presidencia. El dictamen fue una de las seis excusas que lanzó el Gobierno central desde que se empezó a hablar del Duero cuando se constituyó la Comisión Bilateral en verano de 2008. En el documento ratificado por los agentes económicos y sociales, y de cuya firma se cumplirá un año el próximo sábado 16, también se fijaba la "necesidad" de que ambas Administraciones impulsaran de una forma "decidida" el traspaso efectivo de la competencia dado su carácter "esencial y prioritario". De Santiago-Juárez ha manifestado que, una vez anulado el apartado 1 del artículo 75 por el Constitucional, decisión que, como no puede ser de otra manera se "acata y respeta, la realidad es que el carácter "esencial y prioritario" de la participación de Castilla y León en la gestión del Duero sigue siendo "una realidad a la que, entre todos, debemos dar una respuesta cabal". Esa respuesta debe tener muy presente la solución que, en estos momentos, está buscando el Gobierno central con la Junta de Andalucía toda vez que la encomienda de gestión aprobada recientemente constituye, como ha aclarado el consejero de la Presidencia, una "solución transitoria mientras encuentran una mejor fórmula". Por ello, también se trasladará a los representantes de la sociedad civil en el encuentro del día 12 la oferta de la Junta de Castilla y León para colaborar en la búsqueda de una solución definitiva a este asunto, aunque ha advertido que "no permitiremos" que la opción que finalmente se acuerde para nuestra Comunidad sea peor que el acuerdo que se alcance en Andalucía. Se trata de "ser tratados igual, ni mejor ni peor", ha añadido. Uno de los datos que avalan la necesidad de que la Comunidad esté adecuadamente presente en los órganos que toman decisiones que afectan al Duero es el hecho de que en la Confederación Hidrográfica del Duero sólo haya un representante de Castilla y León entre las 17 personas que integran uno de sus órganos de participación. Disposición permanente al diálogo El consejero de la Presidencia ha insistido en que, desde que se conoció la sentencia del Constitucional sobre la gestión del Duero el pasado 17 de marzo, la Junta siempre ha afirmado su convencimiento de que "había margen" para negociar con el Gobierno, algo que se ha ratificado en las últimas semanas y que el proceso para conseguir un nuevo acuerdo debía de estar presidido "por el consenso". De hecho, el mismo día en que se hacía pública la sentencia, De Santiago-Juárez adelantó que, una vez conocido y estudiado el texto de la resolución en su totalidad, se procedería a convocar a los grupos parlamentarios representados en las Cortes de Castilla y León -con quienes se puso en marcha la reforma estatutaria- para fijar una posición de Comunidad. Esta decisión también fue adoptada por el Ejecutivo andaluz, cuyo presidente se reunió con los responsables de los grupos políticos para abordar la resolución referida a su estatuto. También en esas primeras horas, tanto el presidente Herrera como el consejero y portavoz mantuvieron conversaciones con el presidente extremeño y con representantes de su Gobierno, que fue quien interpuso el recurso ante el Constitucional. Como ya señaló el propio Fernández Vara en Valladolid en 2009 aquella decisión se tomó por "coherencia" tras aprobar la interposición de un primer recurso contra el estatuto andaluz. El interés de la Junta por buscar soluciones desde el consenso y la participación de todos quedó plasmado en el acuerdo conseguido por el consejero de la Presidencia en la I Conferencia de Gobiernos Autonómicos celebrada en Santander el 21 de marzo. Allí, Castilla y León recabó el apoyo unánime de los participantes para crear un grupo de trabajo en el seno de la Conferencia que analice "el papel, el peso y el protagonismo" que deben jugar los territorios en la gestión de los recursos hidrológicos. En concreto, se acordó que ese grupo de trabajo iniciara sus reflexiones a partir de un informe que, sobre la materia, debe confeccionar el Gobierno castellano y leonés. Una vez recibida la sentencia del Constitucional en su totalidad, la Junta convocó a expertos jurídicos para analizar el texto y especificar las alternativas que permite la legislación. Ya en ese momento quedó claro que se abrían varias opciones excepto la reforma estatutaria, algo que la propia sentencia impide expresamente. Con esas opciones sobre la mesa, ayer el presidente de la Junta convocó a los grupos parlamentarios quienes ratificaron el "consenso" y la posición de Comunidad en torno a la necesidad de que Castilla y León pueda tener capacidad de decisión en aquello que tiene ver con la gestión del Duero. El consejero de la Presidencia se ha reafirmado en la "prudencia" y el "escrupuloso respeto constitucional" con el que la Junta de Castilla y León se ha manejado en todo el proceso y ha recalcado que la convocatoria con los representantes de la sociedad civil se enmarca en la "apuesta decidida" por "el diálogo y el consenso" con quienes, desde esta tierra, siempre han defendido la importancia que tiene la cuenca del Duero para el mejor desarrollo de la Comunidad.