Penas infamantes

En España se sigue aplicando con tesón esa inaceptable ‘pena infamante’ que tan poco dice de nuestro sistema judicial, del funcionamiento de ciertos cuerpos de seguridad y del garantismo y el respeto a los derechos humanos que deberían impregnar nuestra vida democrática. El último caso notorio: el de la atleta Marta Domínguez, imputada por presunto tráfico de estupefacientes y a quien la juez que instruye la ‘operación Galgo’ parece haber archivado la principal acusación que contra ella pesaba. Todo indica que se ha demostrado la falsedad -o el error- de las acusaciones de los informes policiales que culpaban a la campeona del mundo de tres mil metros obstáculos y sin duda la atleta más conocida de España de haber traficado con sustancias dopantes. Eran, más bien, productos de herbolario lo que la Guardia Civil consideró sustancias prohibidas. Ahora falta saber quién restituye a Marta Domínguez el honor perdido y arrastrado por los suelos hasta extremos increíbles. La de cosas que sobre su presunto mal comportamiento se han dicho... No quiero caer en la simplificación de algunas versiones que quieren ver una operación política tras los errores policiales y los titubeos judiciales en la ‘operación Galgo’. Pero sí quisiera hacer ver que lo ocurrido no es nuevo: ha habido registros domiciliarios acompañados por cámaras de televisión, comparecencias en los juzgados ante los implacables micrófonos…Los periodistas cumplían con su deber de contar lo que sin duda era una noticia -algunos comentarios no fueron demasiado afortunados y sí sin duda precipitados, pero en fin...-; sin embargo, ni las autoridades policiales ni las judiciales velaron por el honor del famoso que ni siquiera estaba procesado. Marta fue condenada anticipadamente, sin juicio. Como antes, en otros casos y circunstancias, otros presuntos inocentes, acusados de casos de corrupción, que, sin que el juez pidiese para ellos siquiera pena de prisión, entraron en distintos juzgados españoles esposados, a empellones, mientras los fotógrafos registraban implacablemente las imágenes. Todos recordamos, sin duda, ejemplos abundantes de ello en juzgados de Palma, de Barcelona, de Madrid, de Canarias... Tampoco me gustaría unir este 'caso Galgo' a otros que han estallado recientemente en nuestro país. Y menos aún establecer comparaciones con otros (malos) funcionamientos de la Justicia: nada que ver con errores en el ‘caso Troitiño’ o con las habituales y ocasionalmente escandalosas diferencias entre los tribunales Supremo y Constitucional, que tantos dislates políticos y sociales han propiciado. Creo que tanto a la Justicia como a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es preciso otorgarles el respeto y la consideración que merecen, más allá de patinazos coyunturales. Pero, en el funcionamiento de los dos pilares de cualquier democracia, nos encontramos muchas veces ante un denominador común: el escaso respeto al honor, a la intimidad y a la buena fama del meramente imputado. Penas infamantes no contempladas en Código Penal alguno, no impuestas por juez alguno. Penas que marcan para siempre ante sus familiares, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, al infeliz al que le toca sufrirlas. ¿Cuánto cuestan las lágrimas derramadas por Marta Domínguez al ver pisoteada su buena fama? ¿Será esta la última vez que ese garrote vil de famas y honores sea aplicado en España? Mucho lo dudo.