Se acabó la parranda

El pasado 1 de Mayo nuestro Gobierno promulgó la abrogación del Decreto 21060 (probablemente la cifra mejor memorizada por el conjunto de la población boliviana). Era una medida de todo punto necesaria, y que veníamos esperando hace años. No olvidemos que ese poderoso decreto fue el que -pasando por encima de la Constitución y de muchas leyes- puso en marcha y marcó la línea del modelo neo-liberal. Lo único rescatable que tuvo fue la flotación del dólar (con el famoso bolsín), medida que hasta el día de hoy nos ha librado de angustias por el cambio del dólar, así como de los especuladores de divisas. Todo lo demás era y sigue siendo nefasto. La pregunta es por qué hemos tardado cinco años en eliminar ese simbólico fundamento del neoliberalismo. Probablemente porque no hubo ninguna movilización social en ese sentido —hasta la última de la COB—, como no la hubo por la recuperación de la minería, ni por el control de la banca, ni por tantas otras reivindicaciones que todavía están pendientes. Pero además parece ser que el Gobierno tenía la impresión de que el tal decreto había sido de hecho eliminado, cosa que en buena parte es verdad, tanto más cuanto que un simple decreto no puede resistir una ley que dispone lo contrario, y tales han sido las medidas que desde el principio se fue tomando a favor de la participación estatal en la economía del país: Se recuperó el control estatal sobre la propiedad de los hidrocarburos, se recuperaron las telecomunicaciones, y la electricidad, y la aeronavegación, todo ello en flagrante contradicción con un 21060 cuya principal afirmación era la de que el Estado no tiene que meterse en la economía. Probablemente es a partir de ahí que algunos gobernantes nos decían que en los hechos el decreto estaba muerto, y que no hacía falta derogarlo. Sin embargo la segunda columna del 21060, después de la privatización de la economía, era el paquete de las famosas “libertades” -la trampa histórica del liberalismo- entre las que ahora tenemos que destacar dos que seguían incólumes: la libertad de precios y la libertad de comercio (vale decir, de importación y de exportación). La primera fue también parcialmente vulnerada cuando aquella exitosa “guerra del aceite”, y más moderadamente con las últimas medidas sobre el azúcar; pero en lo esencial sigue vigente, por eso muchas alcaldías no quieren controlar los precios, a la hora de la especulación, porque está vigente la libertad de precios. Mucho más grave es la libertad de comercio, gracias a la cual los exportadores, favorecidos con toda clase de privilegios, hacen grandes negocios que en nada favorecen al país, y gracias a la cual los negociantes de la importación arruinaron centenares de fábricas y más centenares de comunidades campesinas en los primeros cuatro años del modelo, y hoy mismo vemos los supermercados llenos de productos extranjeros que les hacen competencia desleal a los que nosotros producimos (y por lo general mejor), además del innecesario flujo de divisas. Todos estos males -que entre otras cosas van en contra de la soberanía alimentaria- estaban vigentes hasta el 30 de abril. Por tanto el 21060 no estaba muerto, andaba de parranda, cinco años de parranda a costa del país y de la población. Pero ahora se acabó la parranda, aunque dicha decisión no tenga resultados palpables en las primeras semanas; por lo menos queda claro que las alcaldías no tienen pretexto para no controlar precios; y quedamos a la espera de la nueva Ley de Bancos, y de la nueva Ley de Minería, y de la nueva Ley de Comercio Exterior, todas ellas leyes anti-parranda. [/*]