Primero Justicia exhorta a “eliminar el veneno de la violencia que se está apoderando de nuestra sociedad”

Destacó Ponte que “sólo el año pasado tuvimos 17.600 personas asesinadas, sin contar con la llamada “resistencia a la autoridad”, que refleja más de 2.000 personas muertas”. Sostuvo que en 2010 salió un estudio sobre las violaciones del derecho a la vida por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y “en ese estudio se describe como se violenta el derecho a la vida y quiénes son los que tienen mayor índice en estas violaciones. Encontramos que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales  y Criminalísticas CICPC, presenta esta irregularidad con un 13% a nivel nacional, después está la Guardia Nacional con un 8%, el ejército con un 3% y a nivel regional, la Policía Metropolitana, la policía del estado Bolívar y la policía del estado Sucre”. Ponte manifestó que “el ministro de interior dijo estar consciente de que el 20% de los funcionarios policiales estarían incursos en hechos delictuales o violaciones a los derechos humanos, reina la impunidad cuando se habla de la policía”.   “En Venezuela, entre los años 2007 y 2008, según cifras del Ministerio Público, hubo un incremento de 32% en los casos de homicidios en presuntos enfrentamientos policiales” e INCOSEC señala además que pareciera que esta tendencia continúa su trayectoria ascendente”. Mary Ponte aseveró que “Cofavic presentó un informe sobre la situación con los grupos parapoliciales en Venezuela, a través del análisis de casos emblemáticos desde el año 2000 hasta el año 2009 sobre las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, en más de un 96% de los casos tienen impunidad y si los funcionarios son detenidos, tarda entre seis y diez años tener un proceso judicial”. “La justicia aplicada a los cuerpos policiales es casi nula, vemos linchamientos, ajusticiamientos, ajuste de cuentas y desapariciones; que salen en las noticias, pero que no son investigados, a eso nos estamos acostumbrando, y no podemos resignarnos”. Ponte hizo un llamado a la Defensora del Pueblo y al Ministerio Público “para que nos respondan con hechos, ya que se pronuncian de manera muy enérgica sobre algunas situaciones que se presentan en regiones que no son gobernadas por el oficialismo, mientras que en otros lugares donde ocurren casos con gobernadores y alcaldes afectos al gobierno, pareciera que no se dan cuenta o se hacen la vista gorda, los derechos humanos deben ser para todos por igual, sin tinte político o ideológico”.