Libia: una guerra de hombres... ¡Y mujeres!
martes 28 de junio de 2011, 16:39h
Actualizado: 10 de julio de 2011, 10:03h
En España fue portada de los periódicos, pero en Libia es –y será siempre– una de las caras más importantes de la revolución. La escena de Iman al Obeidi entrando al hotel Rixos de Trípoli, cargado de periodistas internacionales, declarando haber sido violada por 15 militares cercanos a Gadafi representa una denuncia devastadora para estas tiranías ‘modernas’ que utilizan la violación y el abuso como un arma más.
Hay muy pocos datos precisos sobre las denuncias de violaciones en Libia, pero la organización internacional Human Rights Watch (HRW) reunió, a lo largo de los meses de marzo y abril, varios casos de violencia sexual en Trípoli y en los pueblos más cercanos, como el de una mujer que supuestamente trabajaba como ama de casa cuando varios soldados irrumpieron en la casa y la violaron. Amnistía Internacional también menciona este caso, pero aclaran que nada está 100% confirmado.
Para los españoles, la situación de la violación de los derechos de las mujeres y las niñas, especialmente en Libia, preocupa lo suficiente como para que al Congreso hayan llegado, de parte de la diputada Nuria Buenaventura Puig, preguntas sobre ¿qué está haciendo la OTAN para salvaguardar los derechos de las mujeres en la intervención libia? Y ¿cuáles son los mecanismos de denuncia y las sanciones a aplicar por parte de las Naciones Unidas en casos de violencia contra la mujer? Y la respuesta del Gobierno se resume en muy poco: las mujeres y niñas quedan protegidas por la Resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que aboga por la inclusión del género femenino en las misiones de mantenimiento de la paz, así como la protección de sus derechos durante las mismas, y por la Resolución 1820, que reconoció por primera vez que la violación era un arma de guerra.
¿Una falacia jugando a ser verdad?
La investigadora de Amnistía Internacional para Oriente Próximo, Donatella Rovera, reveló para The Independent que “no había evidencias de víctimas de violación ni de médicos que confirmaran los casos de abusos”, pero el que no haya registros no elimina la verdad que albergan las denuncias que sí se han hecho o los documentos que se han publicado. El 16 de junio la CNN se hizo –a través de un portador que quiso permanecer anónimo– con las copias de las imágenes de unos teléfonos móviles que rebeldes libios habían confiscado a los hombres de Gadafi y donde se veían vídeos de mujeres torturadas, violadas y sodomizadas.
A la vez, la psicóloga libia Siham Sergewa afirma que el caso de la joven al Obeidi en Trípoli no es un hecho aislado. Sergewa dice tener los datos de su propia investigación sobre los abusos en mujeres y niñas durante la guerra en Libia, y que guarda pruebas de “cientos de casos de violación por parte de las tropas de Gadafi”. Dichos resultados, con encuestas a más de 50.000 personas y una afirmación rotunda de 259 mujeres que alegaban haber sido violadas, llegaron a la Corte Penal Internacional y, desde entonces, Luís Moreno Ocampo, fiscal de La Haya ha decidido ‘tomar cartas en el asunto’, aunque aún no se ve una solución clara en el horizonte. Sin embargo, la misma psicóloga ha admitido haber perdido contacto con la mayor parte de estas mujeres encuestadas y eso pone cada vez más sombras sobre este asunto.
Según las últimas publicaciones de Amnistía Internacional y de Human Right Watch, cada vez se pierde más la confianza en que las violaciones sean ciertas debido a la falta de pruebas, o al menos debido a que estas supuestas pruebas no llegan a los medios de comunicación para ser difundidas.
Una resolución bonita pero… ¿útil?
La Resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sirve de resguardo –por no llamarlo pretexto– para que los países miembros de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) se protejan frente a la reciente ola de violaciones y abusos de mujeres y niñas en los conflictos de Oriente medio y África del Norte, sobre todo de Libia.
Según dicha resolución, las Naciones Unidas “instan a todas las partes en un conflicto armado a que adopten medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por razón de género, particularmente la violación y otras formas de abusos sexuales, y todas las demás formas de violencia en situaciones de conflicto armado”. Sin embargo se presentan casos como el de Iman el Obeidi. Para más inri, hacen hincapié en “la responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la impunidad y de enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, especialmente los relacionados con la violencia sexual y de otro tipo contra las mujeres y las niñas” pero Gadafi y los suyos siguen jugando a los soldaditos y bombardeando lo mismo al ‘enemigo’ que al que debería ser amigo.
Lo que habría que plantearse es si el proceso judicial por el que tienen que pasar las denuncias de violación de la 1325/2000 es efectivo. La Corte Penal Internacional está actualmente investigando el caso de Iman el Obeidi, y Moreno Ocampo ha asegurado estar en posesión de "informaciones que confirman que las violaciones son un nuevo aspecto de la represión". Y mientras se investiga… ¡Una niña-bomba en Pakistán sacude los medios!
España en la OTAN y la OTAN en Libia
La operación militar en Libia por parte de la OTAN, denominada “Operación Protector Unificado” incluirá a España en su plantilla hasta que se alcancen los objetivos marcados en las Resoluciones 1970/2011 y 1973/2011 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La normativa 1970 (aprobada por unanimidad) se centra en el tema de los atentados contra civiles, mientras que la de 1973 autoriza a los países de la Organización a tomar las ‘medidas necesarias’ para proteger las zonas pobladas.
En ningún caso se menciona la necesidad de cumplir con la resolución 1325/2000 sobre la protección a las mujeres (y niñas), ni en el marco de la OTAN, ni cuando España se pronuncia sobre Libia en los comunicados oficiales de órganos gubernamentales. Por ejemplo, al momento de anunciar que se ratificaba la presencia hispana en la guerra, a principios de junio, sólo se hizo referencia al cumplimiento de las resoluciones que protegen los derechos civiles en términos generales.
Otro dato interesante, sobre todo en estos tiempos en los que la crisis aprieta, es que España ha gastado hasta ahora 43 millones de euros en el operativo militar, y con esta prórroga tendrá un gasto mensual fijo de 14.4 millones de euros.
El principio del final de Gadafi
Y como, después de tocar fondo lo único que queda es ‘tirar pa’ arriba’, la Corte Penal Internacional anunció este lunes 27 de junio que Moamar Gadafi, su hijo, Seif al-Islam Gadafi, y su jefe de inteligencia, Abdalá al-Sanussi estaban oficialmente acusados de “crímenes contra la humanidad”. Las autoridades judiciales acusan a Gadafi de “homicidio, lesión y arresto, encarcelamiento de civiles, y encubrimiento de delitos” Querríamos imaginar que entre esos “delitos” están considerados los abusos y las violaciones contra las mujeres, pero la Corte Penal Internacional no ha hecho la más mínima referencia a ello en este caso.
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