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Renace el ministerio de Justicia

Renace el ministerio de Justicia

martes 12 de julio de 2011, 14:35h
El presidente Juan Manuel Santos anunció el nombramiento de Juan Carlos Esguerra como nuevo ministro de Justicia, con lo que, además, puso en firme el renacimiento de dicha cartera (fusionada a la del Interior): uno de los principales objetivos de la reforma a la justicia.
Esguerra entrará en funciones una vez que el nuevo despacho "esté maduro", declaró Santos, quien agregó que el jurista y ex titular de Defensa –durante parte del gobierno de Ernesto Samper (1995 – 1997)– "es la persona idónea para asumir esa cartera en un momento muy importante para el país". Santos explicó que su Gobierno avanza en el diseño y estudio del nuevo ministerio de Justicia, y que esta tarea incluye el "escuchar las opiniones de las altas cortes" y ahora, también, de Esguerra, quien "va a tener voz y voto". La cartera de Justicia fue fusionada a la del Interior hace aproximadamente ocho años, durante el primer gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), dentro de una reforma a instituciones estatales que incluyó la unión de las de Salud y Trabajo en el actual Ministerio de la Protección Social, y de los de Ambiente y Desarrollo en el de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. A este respecto, Santos también se ha propuesto revivir el Ministerio de Ambiente. Tras conocer su designación, Esguerra expresó: "Habrá mucho trabajo de mi parte, mucho compromiso, mucha dedicación, y espero la colaboración de todos mis colegas, los abogados, que somos los primeros responsables de la justicia y de que las cosas en materia de derecho y de justicia funcionen como debe ser". De acuerdo con la reforma del Estado, el ministerio de Justicia ocupará el cuarto lugar en la jerarquía ministerial (después del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores). Esa importancia le supone a Juan Carlos Esguerra afrontar varios retos. Los retos de Esguerra Dentro de los principales desafíos que deberá enfrentar en nuevo ministro, se encuentran el realizar los ajustes necesarios para que el aparato judicial se descongestione y sea más accesible a los ciudadanos. Según el Consejo Superior de la Judicatura de 2.626.242 procesos, hasta diciembre del año pasado 1.040.380 no se habían resuelto, lo que significa una congestión cercana al 50 por ciento. Otro de los retos de Esguerra es hallar el consenso entre las dos altas cortes (Constitucional y de Justicia) en puntos nodales de la reforma a la justicia, propuesta por el actual gobierno, tales como la reglamentación de la tutela, la función electoral de las altas cortes, y la reforma a las investigaciones y juicios contra congresistas y magistrados. El gobierno ya anunció que aunque intentará los máximos consensos con las altas cortes, la reforma se tramitará “sí o sí” a partir del 20 de julio en el Congreso de la República. Allí, el nuevo ministro también tendrá que buscar los consensos entre los partidos políticos, aunque esa función principal le corresponde al ministro del Interior. El nuevo ministro de Justicia, así mismo, será el encargado de la interlocución entre el poder ejecutivo y el judicial. Aunque el actual gobierno recompuso las relaciones con la rama judicial –maltrechas por las confrontaciones públicas del gobierno Uribe–, Juan Carlos Esguerra deberá mantener el actual ambiente, que está soportado en la no confrontación de decisiones judiciales por parte del gobierno. Pero en la interlocución, el reto para Esguerra es que el ministerio vuelva a ser el verdadero interlocutor de la rama, una situación que ha estado en manos del ministro del Interior de turno, pero como una de sus tantas funciones. Juan Carlos Esguerra también tendrá que ocuparse del proceso de justicia y paz que permitió la desmovilización de miembros de grupos armados ilegales y que, en cinco años de aplicación, aún tiene fallas estructurales como lo ha alertado, recientemente, la Comisión de Paz del Congreso de la República. Otra de las misiones encomendadas de forma exclusiva al ministerio de Justicia tiene que ver con el liderazgo y diseño de políticas criminales que permitan enfrentar el crimen y el delito. La corrupción es otro punto nodal del que deberá ocuparse el nuevo ministro, y dentro de éste tendrá que asumir la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), y las reformas administrativas al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Por último, el renacido ministerio de Justicia se ocupará de lo correspondiente a la defensa jurídica de la nación. Un reciente informe de la Corporación Excelencia en la Justicia señala que las pretensiones económicas en las demandas contra el Estado han oscilado entre 63 y 129 billones de pesos durante los últimos cuatro años, siendo 2007 en el que alcanzaron su monto inferior y 2009 cuando llegaron al punto máximo. Este estudio se hizo excluyendo un proceso que cursa actualmente contra el Ministerio de Agricultura (iniciado antes del año 2006), cuyas pretensiones alcanzan los 594 billones de pesos, cifra que incluso supera la totalidad de los activos del Estado colombiano, calculados en 320 billones de pesos para junio de 2010, según explicó el ex viceministro de Justicia Guillermo Reyes.   ¿Quién es Juan Carlos Esguerra? El recién nombrado en la cartera de Justicia, tiene un amplio recorrido como jurista. Esguerra es abogado en la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Ciencias Socioeconómicas de la misma universidad, y magíster en Derecho (LL.M) de la Universidad de Cornell (Estados Unidos). Así mismo, ha ejercido como secretario general y viceministro de Comunicaciones entre 1974 y 1976, delegatario a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ministro de Defensa entre 1995 y 1997 y embajador de Colombia en Estados Unidos entre 1997 y 1998. De otro lado, también cuenta con una amplia trayectoria en el campo educativo: entre 1991 y 1995 fue decano de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana y por más de treinta años ha sido profesor de derecho administrativo y derecho constitucional en ese mismo centro académico. Además se ha desempeñado como maestro  de derecho administrativo, derecho constitucional y derecho económico de las universidades Externado de Colombia, de los Andes y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Ha sido además, desde 1992, miembro del Consejo Asesor (Advisory Council) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell. Es autor del libro 'La Protección Constitucional del Ciudadano', tiene experiencia internacional en arbitrajes, es miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y ha sido Juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos oportunidades.
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