El calvario de Camps y el silencio que lo rodea

No hay duda, el presidente de la Generalitat catalana, Francisco Camps, viene sufriendo desde hace ya casi tres años un horrendo calvario. Desde que se conocieron las relaciones que había mantenido con los “artistas” de la Trama Gurtel, y se supo  que tales “artistas” le habían regalado, a él y a varios de sus colaboradores del Govern, distintos trajes, chaquetas, corbatas, zapateros..., la figura de Camps empezó a tambalearse. Camps ha pretendido resistir y aguantar: Primero, atendiendo a sus férreos defensores, con el jurista y ex ministro de Defensa Federico Trillo a la cabeza,  lo negó todo, y repitió una y otra vez, en cualquier foro público, que él había pagado los trajes, que los pagaba con el dinero de la farmacia de su mujer,  y que todo lo que se decía de él y de sus trajes “gratis total” era pura infamia y calumnia. Luego, forzó a su presidente Rajoy, a su secretaria general Cospedal y a los restantes dirigentes del PP, a aceptar como buenas esas oposiciones de resistencia activa, y quiso presentarse a las elecciones para revalidar su presidencia, en la sospecha de que los votos de los ciudadanos harían olvidar las cuentas pendientes con la Justicia. Pero no ha sido así, y tras su victoria valenciana, el Juez Flors le ha venido a recordar que tiene deudas pendientes por un impresentable y vergonzoso cohecho, algo inadmisible en un  hombre público. Y que, más bien temprano que tarde, deberá sentarse en el banquillo de los acusados para asumir y pagar sus culpas y delitos. Naturalmente, Camps no quiere sentarse en el banquillo de los acusados y sufrir el siguiente capítulo de su calvario de un juicio con jurado. Para evitar ese humillante asiento en el banquillo, ha relatado el diario La Vanguardia que los servicios jurídicos del presidente valenciano estudian la posibilidad de que pueda acogerse a la figura jurídica de "conformidad", es decir, que reconozca la culpa por el delito de cohecho impropio por haber aceptado presuntamente trajes de la trama corrupta Gürtel y evitar así ser juzgado. En este caso, la condena sería "la pena más grave solicitada", que es la multa pedida por el ministerio fiscal de 41.250 euros. Cuenta la misma crónica cómo juristas consultados subrayaban que la pena solicitada por el PSOE -tres años de prisión y ocho de inhabilitación-,  no sería objeto de la conformidad, ya que se pedía por un delito más grave, como es el de cohecho propio. Y el instructor apuntaba en los indicios racionales observados objeto de ser juzgados sólo al cohecho impropio. Ahora bien, estas mismas fuentes advertían que, una vez iniciado el juicio, el magistrado de sala puede incluir el auto de la acusación popular en el auto de hechos justiciables, con lo que podría ampliarse al cohecho propio la conducta enjuiciable, con lo que el presidente correría más riesgos en el terreno penal. Recuerdan medios jurídicos que la posibilidad de pagar la multa, que podría hacerse en cualquier momento antes del juicio, no está exenta de problemas. Los cuatro imputados -además de Camps, el ex vicepresidente valenciano Víctor Campos, el ex alto cargo Rafael Betoret y el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa- deben acogerse a la "conformidad". Es decir, todos deben asumir la culpa. No tienen que hacerlo al mismo momento, y ni siquiera deben hacerlo ante el juez, sino por escrito al secretario judicial. Pues bien, ya se sabe la oposición de Costa a esta medida, ya que el ex número dos del partido y diputado en las Cortes Valencianas es quien tiene más posibilidades de ser absuelto en juicio. Ricardo Costa no era cargo público cuando presuntamente le hicieron los regalos, sino dirigente del PP. Además, el diputado no desea tener antecedentes penales que podrían jugar en su contra si también llegan a imputarlo en la instrucción por financiación ilegal del PP valenciano. Otra cuestión diferente es qué problemas políticos podrían suscitarse si se acepta la condena, ya que eso supondría que el presidente reconoce ser autor de un delito de corrupción, de haber aceptado regalos de una red corrupta, de no haber pagado sus trajes y de haber mentido durante los dos últimos dos años. Su credibilidad quedaría por los suelos. Pese a ello, un destacado miembro de su gabinete insiste en que "sólo hay dos opciones, o pagar o dimitir, y lo que hará el presidente será pagar, porque no va a dimitir y no queremos que llegue a juicio". ¿Y qué se piensa en el PP? La dirección, con Rajoy y Cospedal a la cabeza, prefieren callar. También Pons, que salió en defensa de “la honorabilidad” del president, ha preferido callarse...  pero, cuentan en Valencia,  comienza, también, a percibirse una fuerte irritación por la actitud de Francisco Camps, que sigue sin aparecer en público, como ya le ocurrió cuando se inició la instrucción del caso de los trajes. Desde el entorno de Rita Barberá, combativa defensora de Camps, se ha llegado a manifestar un cierto cansancio por el caso. "Camps debe tomar una decisión lo antes posible", señalaba un miembro del equipo de la alcaldesa, que añadía que "está perjudicando al PP valenciano y al propio Mariano Rajoy". En la misma línea se manifestaban fuentes próximas al presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, quien puede jugar un papel clave si se abriera un proceso de sustitución de Francisco Camps. El secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, afirmó también que "Camps no va a dimitir". Todo ello mientras la dirección del PP en Madrid sigue optando por guardar silencio. En particular, Mariano Rajoy , que no tiene ninguna prisa por comentar el futuro político del presidente valenciano. Cuatro días después de que se anunciase su procesamiento, Rajoy vuelve a guardar silencio sobre Camps, dejando en el aire tanto su posible apoyo como su esperado reproche. Ni siquiera María Dolores de Cospedal, la número dos del PP, ni Pons, ni Trillo, ni Mato, quieren hablar de Camps. Alguno, alguna vez, romperá el cerco de silencio. Pero prefieren que sea Camps el primero en abrir la boca...