El PP dice sí a la estabilidad presupuestaria y exige al Gobierno el cumplimiento de sus obligaciones

Mariano Rajoy y los presidentes autonómicos del Partido Popular, reunidos en Madrid, han aprobado una Declaración que recoge el compromiso de las autonomías gobernadas por del PP ante una situación económica que ha puesto de manifiesto las dificultades de financiación y gestión del conjunto de las Administraciones Públicas. Los presidentes del PP entienden que España no puede permitirse el actual nivel de gasto público y que la única manera de realizar un ajuste es una reforma institucional que establezca de forma precisa los límites competenciales. En este sentido consideran que, para devolver a España a los niveles de bienestar y empleo que alcanzó, es imprescindible el impulso de un sector público viable y eficiente que garantice la prestación de los servicios públicos en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos. Para ello, consideran inaplazable la creación de un nuevo marco de estabilidad y disciplina que actúe como complemento institucional al proceso de racionalización del sector público y propone unas líneas de actuación que garanticen el Estado de Bienestar y la prestación de servicios esenciales. Para ello exigen, en el ámbito de la Lealtad Institucional, las responsabilidades al Gobierno de España por el incumplimiento de sus obligaciones especialmente por sus efectos sobre la liquidez. Para el PP, el Gobierno de España es quién tiene que aceptar los Planes de Reequilibrio y realizar su seguimiento, ya que , según ellos, "la gran mayoría del endeudamiento autonómico y local ha sido autorizado por el Consejo de Ministros. Por tanto, los niveles de deuda son responsabilidad del Gobierno". También alegan que gran parte de la deuda de las CCAA es consecuencia de las entregas a cuenta de los ejercicios 2008 y 2009 que el Gobierno no ha liquidado. Por ello, los presidentes del PP consideran que corresponde al Gobierno de España llevar a cabo actuaciones inmediatas que palien el problema de la falta de liquidez que "él mismo generó", en aplicación del principio de Lealtad Institucional y solicitan un aplazamiento a diez años de la devolución de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009, la estabilidad de los flujos de tesorería, el establecimiento de un procedimiento reglado de concesión de avales del Estado a las emisiones de deuda autonómica. Las CCAA del PP reiteran su compromiso con los objetivos de estabilidad presupuestaria, que han de ser cumplidos por todos, realizando para ello un gran esfuerzo de contención del gasto público, como el que ya han iniciado a partir de las elecciones del 22 de mayo. Del mismo modo, se ha reafirmado su compromiso con la transparencia para conocer la situación y aportar las soluciones oportunas que generen credibilidad y confianza. Además, están dispuestos a apoyae las reformas legislativas necesarias que garanticen la estabilidad presupuestaria mediante un nuevo marco de disciplina. Se propondrá una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que establezca la obligatoriedad de austeridad para el conjunto del sector público; techos de gasto y de endeudamiento; que incluya la obligación de aprobar el volumen máximo de beneficios fiscales y una previsión del gasto financiero del presupuesto. Si este caldo de cultivo se diera, desde el PP, los presidentes autonómicos se comprometen a actuar de forma coordinada en la mejora de la eficiencia del gasto público y para conseguir una mayor unidad de mercado. Para ello, se aprobará un Plan Estratégico de racionalización del gasto corriente a cuatro años. La Junta se supedita a Rajoy El PSCyL, en boca del portavoz del Grupo Parlamentario en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León, José Francisco Martín, considera que la Junta supedita los intereses de la Comunidad Autónoma a los de Rajoy y el PP. El procurador socialista, mostró la "preocupación" del PSOE porque la Legislatura en Castilla y León empiece con las palabras de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, pidiendo ayuda y colaboración para "empujar todos en un mismo sentido" y en lugar de buscar una posición común se olvide la postura de Castilla y León y del resto de fuerzas políticas de la Comunidad, informa ep. Sin embargo, considera que se supedita la posición de Comunidad a los "intereses partidistas y partidarios" de Rajoy y del PP y se busca una forma de enfrentar esta postura con la del Gobierno. Martín afirmó que estos es "contraproducente" y "no tiene sentido" porque los intereses de Castilla y León no son los mismos que los de Valencia o Murcia.