El debate de las diputaciones

La supresión de las diputaciones provinciales, propuesta resucitada por el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, es en realidad un viejo objetivo de los nacionalistas catalanes y gallegos, que pregonan esa idea desde la recuperación de la democracia. No así los nacionalistas vascos, dado el papel que juegan sus diputaciones forales en su entramado autonómico, muy diferente del resto. En la medida en que afecta a la Constitución, es algo que requiere el consentimiento de los dos grandes partidos, ya que con los votos de uno solo –aun contando con los nacionalistas y los partidos minoritarios- no sería suficiente. Por tanto, la idea de Rubalcaba hay que considerarla como una más del debate pendiente sobre la reordenación territorial de España. El rechazo inicial del Partido Popular a la propuesta del nuevo líder socialista parece indicar que al menos por ahora no habrá supresión de las diputaciones ni, en consecuencia, reforma limitada de la Constitución. Este tipo de medidas que afectan a la Carta Magna atemorizan a los grandes partidos, que ya fueron incapaces de hacer lo propio para darle contenido al Senado, reconocer explícitamente el nuevo tratado europeo, inscribir el nombre de las comunidades autónomas y derogar la cláusula que discrimina a las mujeres en la sucesión de la Corona. Al cabo de ocho años de abrirse ese debate con la llegada de Zapatero al poder, todo sigue como estaba. Pero en el PP también hay sensibilidades receptivas a la desaparición de las diputaciones, del mismo modo que hay voces contrarias a atribuir las dificultades para abordar la crisis a la estructura autonómica del Estado. El ex secretario general del PP de Galicia, Xesús Palmou, un hombre cercano a Mariano Rajoy, suele poner en valor la circunstancia de que ninguno de los estados que tuvieron dificultades financieras que obligaron a intervenir a la Unión Europea y el FMI –Grecia, Irlanda y Portugal- son estados compuestos o con descentralización política. Por el contrario, Alemania y Austria, estados de estructura federal, y por lo tanto fuertemente descentralizados, son más impermeables a la crisis. En ese sentido, no parece casual que Rajoy se mostrase contrario a las voces del PP -entre ellas Esperanza Aguirre- que plantearon la devolución de competencias autonómicas.