Coches oficiales y móviles disparan los gastos de autonomías y ayuntamientos

Un ejemplo es el Gobierno de Navarra, que acaba de anunciar que venderá 12 de sus coches oficiales en subasta pública, con el objetivo de ahorrarse 284.000 euros durante los próximos cuatro años en carburante, reparaciones y seguros.Pero son sólo 18 los cargos oficiales que usan la flota de vehículos, de un total de 37 coches de gama alta. El Ejecutivo espera quedarse con 25 si consigue venderlos, ya que no tiene servicio de renting, como hacen la práctica totalidad de las empresas privadas. El supuesto ahorro es pecata minuta comparado con el importe de la compra de la flota que reseñamos, y que incluye gamas de lujo. Los 12 vehículos son 6 Volkswagen Phaeton, 5 Audi A6 y un BMW 715. Constituyen el 32,4% de la flota de coches institucionales del Ejecutivo, integrada por 37 unidades de gama alta, y el 22,6% de la totalidad de su parque móvil, compuesto por los coches citados anteriormente y otros 16 departamentales de gama media y baja. La flota de coches institucionales se compone actualmente de 15 Volkswagen Phaeton, 2 Audi A8 (uno de ellos el blindado de la presidenta Yolanda Barcina), 11 Audi A6, un BMW 715, 2 Volkswagen Touareg, un Volkswagen Passat, 2 Volkswagen Bora y 3 Citroën C5. Con la disminución prevista, los recursos motorizados para altos cargos pasarán a ser 25. En Andalucía, los móviles Pero aún hay más. En varios pueblos de la provincia de Cádiz han aparecido impagos de móviles por importe de tres millones de euros. Como ejemplo, en La Línea de la Concepción, tras acceder al gobierno local el PSOE y desbancar al PP, con el apoyo de los andalucistas, la nueva alcaldesa, la socialista Gemma Araujo, ha encontrado más de 600.000 euros de impagos acumulados en concepto de telefonía móvil a cargo del Ayuntamiento. Para tratar de hacer frente a este apartado, Araujo ha reducido el número de terminales del Ayuntamiento: los ha dejado casi en un tercio de los que estaban operativos. Han pasado de 172 móviles en un ayuntamiento local que gestiona una población de 64.000 habitantes, a 67 terminales en funcionamiento. Jerez de la Frontera  y Chiclana han iniciado la auditoría y aún carecen de la cifra concreta por deuda en telefonía aunque no descartan que sea elevada: fuentes cercanas a la investigación señalan que se han encontrado mil líneas dadas de alta. Mientras, en Andalucía, cerca de 20 ayuntamientos andaluces deben nóminas a sus trabajadores, según un informe de FSP UGT-A. El secretario general de FSP UGT-A, Antonio Tirado, ha precisado que los ayuntamientos "han asumido competencias impropias que les ha llevado a ofrecer servicios a los vecinos sin recibir la financiación suficiente para afrontarlos, lo que ha ahogado las arcas municipales". El Ayuntamiento de Cádiz mantiene la paz social a la chita callando pero figuraba en el puesto 29 de entre los cien municipios españoles que contaban con mayor deuda viva en 2010, hasta situarse en 108,5 millones de euros, aunque logró reducir dicha cifra en 11,8 millones. En el caso de Jerez, a finales de ese mismo año, la deuda se situaba en 99,38 millones de euros. Descontrol nacional Las cifras 'grandes' hablan por sí solas: unas administraciones públicas cuyo gasto se ha desbocado, como se refleja en la deuda de 6.208 millones de las diputaciones, de 52.000 de las empresas públicas o 1.480 de las televisiones autonómicas. Pero lo más importante, y ahí es donde nos penalizan agencias, inversores, analistas, Bruselas, no es el calibre de la deuda sino la posibilidad de devolverla. ¿Cómo hacerlo con crecimientos trimestrales del 0,2% y una economía mundial en recesión de nuevo, un desempleo superior al 20% y un desfase entre ingresos y gastos superior al 9%? Este cuadro macroeconómico es el origen de la amenaza de intervención y la puesta en sospecha permanente por parte de Bruselas y las agencias de calificación del riesgo. El director ejecutivo global de los 'ratings' de la agencia estadounidense de calificación Standard & Poor's (S&P), Paul Coughlin, ha asegurado a un diario que "cambiar la Constitución no resolverá los problemas" del país. "Ese nunca ha sido el problema de España", afirma, sino que "los problemas fundamentales son el déficit por cuenta corriente, la falta de competitividad o la burbuja inmobiliaria, y como en Italia, la falta de flexibilidad del mercado laboral". Más ejemplos de gasto descontrolado El debate sobre la utilidad de las diputaciones provinciales tiene cifras: son unas instituciones que manejan un presupuesto de 22.000 millones y cuyas competencias son mínimas. Dan empleo a 77.036 trabajadores y servicio a 15 millones de ciudadanos. Pero su deuda también es muy elevada, ya que asciende a 6.208 millones de euros. El candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba ha lanzado esta propuesta de supresión, con gran oposición dentro de su partido que siempre ha defendido la utilidad de la mismas. De hecho, el propio Rubalcaba se opuso a su eliminación cuando así lo planteó el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Rubalcaba cifró en mil millones el ahorro que supondría la desaparición de los 1.040 diputados provinciales. Pero después de esta propuesta inicial, el candidato socialista ha dado un paso atrás y ahora sólo habla de transformarlas y repensar su función.Los populares se han opuesto a la propuesta socialista y acusan a Rubalcaba de querer dejar sin servicios a estos quince millones de personas. El PP propone como alternativa eliminar primero los asesores. Televisiones autonómicas La dimensión de estos grupos de radiotelevisión empieza a cuestionarse ahora que la crisis económica azota las cuentas públicas y empiezan a alzarse voces que piden su desaparición. De los 13 grupos de televisiones autonómicas que hay en España (todas, salvo Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Navarra) manejaban en 2010 un presupuesto de 1.860 millones, pero su deuda global asciende a 1.480,6 millones, según un estudio de Uteco (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas). Estas televisiones dan empleo a unas 10.000 personas. Para hacerse una idea de la dimensión del coste que suponen estos medios de comunicación, es que es superior al dinero que el presidente del Gobierno quiere conseguir congelando las pensiones en 2011. Hay casos llamativos, como Canal Sur, con 232,2 millones, y Cataluña, con 324. Empresas públicas Las empresas públicas son otro agujero en las arcas del Estado, con el agravante de que escapan a cualquier control del Tribunal de Cuentas o de los respectivos parlamentos autonómicos. Las administraciones públicas han encontrado en estos órganos la vía más fácil para colocar a dedo a los trabajadores y para distribuir subvenciones sin ningún tipo de fiscalización. En España, este sector ha tenido un crecimiento espectacular, ya que en diez años se ha multiplicado un 78 por ciento. Actualmente, el número de empresas públicas es de cerca de 4.000, con una deuda que ronda los 52.000 millones de euros, lo que supone más de un 5 por ciento del PIB.Hay casos realmente llamativos como Andalucía, con 369 empresas que, gracias a un decreto de la Junta, ha hecho fijos a unos 20.000 funcionarios que entraron a dedo. Los funcionarios utilizan unos 340.000 teléfonos móviles pagados con dinero público, según el informe Reina elaborado en 2011 por el Ministerio de Administraciones Públicas. Solo los que se utilizan en la Administración central tienen un coste de 108 millones de euros. El parque de vehículos que está al servicio de todas las administraciones del Estado ronda los 35.000 vehículos, de los que sólo las autonomías tienen 1.200. El coste de mantener esta flota de vehículos, en muchos casos de alta gama, es de unos 240 millones de euros al año. Lea también: Palmadita' de Moody's por la reforma constitucional El PP dice no al tope de solidaridad autonómico con el Estado que quiere Ci