CiU se abstiene de votar por la reforma de la Carta Magna

En declaraciones en los pasillos del Congreso al término de la toma en consideración de la proposición de reforma de la Constitución, Duran ha informado de que CiU sí estará en la fase que ahora se abre, "la de presentación de enmiendas", que culmina a las 14:00 horas del jueves, un día antes del Pleno que, finalmente, vote la iniciativa. "Si no hemos estado en el consenso ni en el diálogo tampoco estamos en las votaciones" ha comentado Duran, justificando así que su grupo no ha votado en la sesión plenaria de hoy. Duran ha insistido en que la reforma es "de ellos, ya que ellos la han hecho" si bien ha remarcado que CiU estará presente, en las próximas horas, con las enmiendas. No afecta al pacto fiscal, dice Homs Por su parte, el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha manifestado esta mañana en Catalunya Ràdio que, en caso de que se lleve a cabo la reforma, la misma no afecta a la posibilidad de que Cataluña consiga un pacto fiscal para administrar sus ingresos. Homs ha explicado que la reforma afecta al techo del gasto mientras que la medida que propone Cataluña se refiere a los ingresos. Aun así, Homs ha pedido que se limite la solidaridad interterritorial en la reforma de la Carta Magna, como se hace en Alemania. La Generalitat, en contra La Generalitat ha confirmado este martes su rechazo a la reforma constitucional acordada por el PP y el PSOE, y que quiere un referéndum para aprobar esta modificación, que desaprueba porque no frena el "expolio" que sufre Cataluña, recorta su autogobierno y pone en riesgo al Estado del Bienestar. En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha asegurado que dan más confianza y credibilidad los recortes y medidas anticrisis que está haciendo la Generalitat que la reforma constitucional acordada, puesto que entrará totalmente en vigor en el año 2020, frente a las políticas del Govern que tienen repercusión ahora. Según Homs, la Generalitat "no puede apoyar la reforma de ninguna de las maneras, ni por motivos económicos ni políticos". El portavoz ha criticado que la reforma pone más exigencias a las autonomías que al Estado, cuando son las comunidades quienes prestan los servicios sociales: "Que las autonomías deban hacer un mayor esfuerzo para cumplir los objetivos de déficit no es socialmente justo". El Govern tampoco entiende por qué la reforma entrará totalmente en vigor en 2020, cuando lo necesario es dar garantías ahora a los mercados. Por otra parte, Homs ha explicado que Cataluña exige "decidir" sus límites presupuestarios por ella misma y en el Parlament, como de hecho ya está haciendo con las medidas de ahorro y los recortes puestos en marcha este año. Tras recordar que el Govern de Artur Mas hace gala de defender el 'derecho a decidir' de Cataluña, Homs ha desaprobado que desde Madrid se pongan límites a las competencias autonómicas a través de la Constitución, un talante que "nada tiene que ver con el espíritu" de consenso que posibilitó la Carta Magna en 1978. Para él, la Constitución consagraba la colaboración de las autonomías, mientras que esta reforma avanza hacia el modelo de "la coordinación, el ordeno y mando" desde Madrid a las comunidades. Homs ha confirmado que el Govern tratará de impulsar ahora una ley catalana de estabilidad presupuestaria, y que quiere aprobarla antes de que entre en vigor la ley orgánica estatal que desarrollará el acuerdo entre PP y PSOE sobre el déficit. Según Homs, los recortes que decidió la Generalitat "no se podrían hacer" porque la modificación constitucional le resta autonomía; de ahí su firme oposición a la reforma y su propuesta de que se consulte a la ciudadanía mediante un referéndum. El portavoz ha reprochado que no se haya llevado a votación la propuesta de reforma en el Senado, y ha reconocido que la ley catalana de estabilidad presupuestaria no podrá contradecir a la Constitución porque entonces la norma sería recurrida ante el Tribunal Constitucional. Finalmente, Homs también ha explicado que el Govern impulsará una ley catalana de estabilidad presupuestaria al margen de la reforma constitucional pactada por el PP y PSOE y que limita el déficit de las administraciones públicas.