Para la Junta la gestión integral del Guadalquivir "debe ser" desde Andalucía

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, ha defendido que la gestión integral de las competencias del río Guadalquivir, de titularidad estatal, "debe ser" desde la comunidad autónoma andaluza, y como prueba hace referencia a los últimos años de gestión con "buenos frutos".    En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Díaz Trillo ha considerado que "el debate no es de más o menos competencias, sino llevar a cabo una gestión integral del río andaluza y hacerlo con todas las garantías".    En este sentido, la propuesta registrada este martes por el Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara regional, a su juicio, "viene a consolidar una serie de garantías para que la gestión sea desde Andalucía, además de compartida", porque, según recuerda, "la titularidad es del Estado, pero la gestión puede y debe ser andaluza".    Para el consejero, "esto es a lo que aspira el pueblo andaluz que hace tres años en referéndum apoyó mayoritariamente que Andalucía gestionara el Guadalquivir, así como los distintos grupos parlamentarios".    De igual modo, detalla que "la gestión de los últimos dos años en Andalucía ha dado buenos frutos, con 44.000 expedientes resueltos y una inversión de 300 millones de euros, además de fijar en el horizonte unos 600 millones de euros para 2014". PLENO EXTRAORDINARIO Por su parte, el portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha anunciado que su formación solicitará este jueves, día en el que se reúne la Mesa del Parlamento, la celebración de un Pleno extraordinario, --que tendría lugar en la semana del 12 al 16 de septiembre--, para iniciar, con el procedimiento de toma en consideración, la tramitación de la proposición de Ley orgánica sobre la delegación de competencias a la comunidad autónoma andaluza sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz y que, tras su aprobación, será elevada al Congreso de los Diputados.    En rueda de prensa, tras registrar la iniciativa en la Cámara andaluza, Jiménez ha explicado que se trata de una iniciativa legislativa autonómica para su remisión a las Cortes Generales que pretende, a través del artículo 150.2 de la Constitución, acceder a la delegación de las competencias exclusivas que tiene el Estado en la regulación de las aguas del país, después de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara nulo el articulo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que reconoce a la comunidad competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren por la comunidad.    "Ésta es la vía más adecuada y de máximos, que nos permite a los andaluces gestionar, en el marco de la Constitución y de las aspiraciones del Estatuto de Autonomía de Andalucía, las aguas del Guadalquivir que discurren por territorio andaluz, sin vulnerar el principio de unidad de cuenca y sin impedir una coordinación entre la Junta, el resto de comunidades autónomas y el Estado", ha apuntado el dirigente socialista.    Jiménez, que ha considerado que se trata de una "apuesta muy ambiciosa" y de toda una "declaración de intenciones" por parte de la Junta, ha indicado que dicha iniciativa pretende sumar, pero desde una aspiración de gobierno sobre un río "que es eminentemente andaluz y que tiene una trascendencia social y económica de primer nivel paa la comunidad". Según ha indicado, esta reclamación se hace "en coherencia" con el espíritu de consenso que se alcanzó en el Estatuto de Autonomía.    "Reclamamos la máxima capacidad de gestión y de gobierno, reconociendo que las competencias son exclusivas del Estado y accediendo a través de un mecanismo que es perfectamente lícito y que está en la Constitución", ha subrayado el portavoz socialista, quien ha mostrado su convencimiento de que ésta es la fórmula "más adecuada" para resolver el conflicto de competencias creado tras la sentencia dictada por el Constitucional.    Asimismo, Jiménez ha subrayado que esto supone un paso más en la hoja de ruta marcada entre el Gobierno y la Junta, que también llevó a aprobar el pasado mes de abril una encomienda de gestión durante seis meses por parte del Estado al Gobierno andaluz y a la reciente modificación de la Ley de Agua para permitir la asignación a las comunidades de las facultades en materia de Policía de dominio público. COMPETENCIAS QUE NO SE RECLAMAN    El portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha anunciado que su formación solicitará este jueves, día en el que se reúne la Mesa del Parlamento, la celebración de un Pleno extraordinario, --que tendría lugar en la semana del 12 al 16 de septiembre--, para iniciar, con el procedimiento de toma en consideración, la tramitación de la proposición de Ley orgánica sobre la delegación de competencias a la comunidad autónoma andaluza sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz y que, tras su aprobación, será elevada al Congreso de los Diputados.    En rueda de prensa, tras registrar la iniciativa en la Cámara andaluza, Jiménez ha explicado que se trata de una iniciativa legislativa autonómica para su remisión a las Cortes Generales que pretende, a través del artículo 150.2 de la Constitución, acceder a la delegación de las competencias exclusivas que tiene el Estado en la regulación de las aguas del país, después de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara nulo el articulo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que reconoce a la comunidad competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren por la comunidad.    "Ésta es la vía más adecuada y de máximos, que nos permite a los andaluces gestionar, en el marco de la Constitución y de las aspiraciones del Estatuto de Autonomía de Andalucía, las aguas del Guadalquivir que discurren por territorio andaluz, sin vulnerar el principio de unidad de cuenca y sin impedir una coordinación entre la Junta, el resto de comunidades autónomas y el Estado", ha apuntado el dirigente socialista.    Jiménez, que ha considerado que se trata de una "apuesta muy ambiciosa" y de toda una "declaración de intenciones" por parte de la Junta, ha indicado que dicha iniciativa pretende sumar, pero desde una aspiración de gobierno sobre un río "que es eminentemente andaluz y que tiene una trascendencia social y económica de primer nivel paa la comunidad". Según ha indicado, esta reclamación se hace "en coherencia" con el espíritu de consenso que se alcanzó en el Estatuto de Autonomía.    "Reclamamos la máxima capacidad de gestión y de gobierno, reconociendo que las competencias son exclusivas del Estado y accediendo a través de un mecanismo que es perfectamente lícito y que está en la Constitución", ha subrayado el portavoz socialista, quien ha mostrado su convencimiento de que ésta es la fórmula "más adecuada" para resolver el conflicto de competencias creado tras la sentencia dictada por el Constitucional.    Asimismo, Jiménez ha subrayado que esto supone un paso más en la hoja de ruta marcada entre el Gobierno y la Junta, que también llevó a aprobar el pasado mes de abril una encomienda de gestión durante seis meses por parte del Estado al Gobierno andaluz y a la reciente modificación de la Ley de Agua para permitir la asignación a las comunidades de las facultades en materia de Policía de dominio público. PLAZOS    De otro lado, también ha explicado el socialista que entre las competencias que no reclama el Gobierno andaluz están el establecimiento de régimen jurídico de las aguas, que sigue siendo competencia exclusiva del Estado, así como todas aquellas cuestiones relacionadas con la protección general del medio ambiente, las obras públicas hidráulicas de interés general del Estado y la planificación hidrográfica de la cuenca.    Jiménez, que ha dicho esperar que esta normativa se apruebe por unanimidad de la Cámara andaluza para su posterior tramitación como ley orgánica, --la primera que se aprobaría para delegar competencias en materia de aguas--, ha asegurado que dicha iniciativa cuenta con el respaldo del PSOE federal y de su candidato a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. "Es una propuesta dialogada y hablada con el PSOE", ha añadido.    En esta línea, ha indicado que si por los plazos establecidos estar proposición de Ley no puede ser tramitada hasta después de las elecciones generales, el PSOE-A quiere lograr el compromiso del PP para que "gane quien gane" las elecciones le dé su apoyo. Así, ha asegurado que el compromiso del PSOE ya lo tienen, por lo que si los socialistas ganan las elecciones esta iniciativa está garantizado el respaldo "sin ninguna duda".    "Por ello, queremos un acuerdo que vincule a todos los partidos en Andalucía y que sea la palanca para vincular al conjunto de las fuerzas estatales", ha explicado Jiménez, quien ha dicho esperar que en un plazo de dos meses y medio o tres, a lo sumo, pueda estar aprobada esta proposición de Ley en el seno del Parlamento andaluz. "Se abre ahora un proceso de diálogo en el que deseamos que todas las fuerzas sepan estar a la altura de las circunstancias", ha indicado. CRITICA "LA FRIVOLIDAD E IRRESPONSABILIDAD" DE ARENAS    Al hilo de ello, el dirigente socialista ha valorado la actitud del coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, mostrándose abierto al diálogo sobre esta materia, si bien ha criticado las declaraciones realizadas este lunes por el presidente del PP-A, Javier Arenas, quien consideraba "ridícula" la "batalla" por las competencias del río Guadalquivir, cuando, según apuntaba, "la gestión en un desastre".    Jiménez ha manifestado que el líder de los 'populares' andaluces no puede "despreciar de un plumazo" una iniciativa de una trascendencia constitucional y estatutaria. "Ayer se vio que Arenas no está a la altura de las circunstancias y que hace gala de su frivolidad e irresponsabilidad". "Ésta es la peor cara de la derecha andaluza, que nos retrotrae a tiempos del Estatuto de Carmona", ha apostillado.    Finalmente, ha considerado que la actitud de Arenas puede estar mostrando su conocimiento sobre que el "centralismo exacerbado" de su partido les llevará a no apoyar esta iniciativa en las Cortes Generales. A su juicio, puede que nos encontremos en estos momentos ante "una pinza entre la derecha andaluza y la derecha nacional impidiendo el autogobierno de los andaluces".