La Comunidad de Madrid presentó este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo estatal por considerar que invade las competencias autonómicas y atenta contra el derecho de propiedad privada.
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La nueva ley que propugna José Luis Rodríguez Zapatero es una ley que quiere volver a los modelos de acceso a la propiedad privada de Stalin, con unos modelos viejos y conocidos que pone por encima de la propiedad privada el sistema de expropiación forzosa", explicó el viceconsejero de Vicepresidencia Primera y Portavocía,
Salvador Victoria, a la salida del Tribunal Constitucional.
La norma del Ministerio de Vivienda establece la reserva obligatoria del suelo para vivienda protegida en un 30%, frente a la obligación del 50% de la norma autonómica. El recurso de la Comunidad de Madrid impugna hasta nueva preceptos de la Ley del Suelo del Estado.
El viceconsejero de Vivienda,
Juan Blasco, destacó, por su parte, que la ley "
atenta claramente al derecho a la propiedad privada" y
"favorece a las empresas constructoras, que tendrán preferencia para realizar las obras de urbanización de futuros barrios frente a los propietarios de esos suelos".
Blasco afirmó que "
la falta de contenido" del Ministerio de Vivienda ha llevado al presidente del Gobierno a intentar dotarlo de competencia "
a golpe de Ley, quitando las competencias a las comunidades". "
Supone una flagrante intromisión en las competencias autonómicas de vivienda protegida, sobre todo en nuestra región, donde el Gobierno regional construye uno de cada cuatro pisos con protección pública iniciados en su territorio", señaló.
Igualmente, la norma estatal exige que los patrimonios públicos de suelo se destinen a la construcción de viviendas protegidas u otros fines sociales, algo que el viceconsejero cree que
"impone a las comunidades y a los ayuntamientos un uso determinado de sus terrenos". A su juicio, "
no van a dejar decidir qué uso dar a sus propios suelos".
Según Blasco,
"otra intromisión en las competencias se produce cuando la norma establece al Estado la facultad de coordinar a las administraciones autonómica y municipal para imponer un sistema público de información al ciudadano sobre suelo y urbanismo, cuando ya existen mecanismos de información al público en los procedimientos regionales de elaboración de planes urbanísticos".
Por último, el Gobierno de
Esperanza Aguirre consider una interferencia en sus funciones la minuciosidad con que la Ley estatal detalla los documentos que han de ser sometidos a información pública. Además, sostiene que la norma incide en la capacidad de autoorganización de la Administración regional al exigir un informe de sostenibilidad económica en desarrollos urbanísticos.
Críticas de Izquierda Unida
El portavoz de IU en la comisión de Vivienda de la Asamblea de Madrid,
Gregorio Gordo, afirmó este lunes, en relación al recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno regional a la Ley del Suelo estatal, que "
el PP no está legitimado para hablar de políticas de vivienda cuando uno de los principales problemas de la Comunidad es precisamente sus disparatados precios, de los que la responsabilidad exclusiva es de los diferentes gobiernos populares".
"Desde IU estaríamos de acuerdo con que la Ley estatal observara la reserva de hasta un 50 por ciento de vivienda protegida, en ese apartado entendemos que la Ley del Suelo estatal es insuficiente", señaló Gordo, quien recordó, sin embargo, que "el principal problema para el acceso a la vivienda no es éste, sino el precio del suelo".
Según IU, la Ley estatal sí "facilita" el precio del mismo, "ya que los precios de las expropiaciones no están sujetos a las expectativas del mercado, sino a la necesidad social, puesto que son los sistemas públicos de gestión del suelo los únicos que garantizan el mayor porcentaje posible de vivienda protegida y mayor transparencia".
"Con esta iniciativa el PP vuelve a intentar confundir a la ciudadanía madrileña planteando la cuestión de la vivienda protegida cuando lo que realmente están buscando es la defensa de los propietarios del suelo que, en Madrid, son básicamente empresas dedicadas a la compra-venta de suelo conllevando su encarecimiento, haciendo una lectura sesgada de la Constitución en lo que al derecho a la propiedad se refiere y olvidando el carácter social de misma, aspecto que sí está recogido de forma clara por nuestra carta magna", apuntó el portavoz.
Por ello, para Gordo "no es descartable que el recurso presentado por el Gobierno regional forme parte de la pelea interna del PP, volviendo a situar a los madrileños y madrileñas como las víctimas de sus disputas internas".
El portavoz de IU indicó, asimismo, que la Ley de Modernización, aprobada en el mes de julio "de forma precipitada y autoritaria, es la mejor evidencia de las intenciones del PP en lo que se refiere a situar los intereses de los propietarios del suelo por encima de las necesidades sociales de vivienda de los madrileños y madrileñas, al tratarse en la práctica de una modificación encubierta de la propia Ley del Suelo regional y la insumisión a la Ley del Suelo estatal".
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