El Parlamento será informado del acuerdo sobre las transferencias de Justicia

Mediavilla ha remitido esta semana a la Cámara una petición al efecto, con el fin de presentar a los diputados de la Comisión de Justicia un informe pormenorizado de las condiciones de estas transferencias, "la más importante de las que quedaban por asumir" por tratarse de la "prestación de un servicio público esencial que garantiza los derechos de la ciudadanía".

El consejero de Justicia cree además que tras culminarse las elecciones autonómicas e iniciarse el periodo de sesiones de la nueva Cámara "es el momento oportuno e idóneo para dar cuenta del proceso negociador llevado a cabo por su departamento, que ha logrado poder elevar la oferta inicial en un 78%, consiguiendo un coste efectivo de 26.469.908 euros en 2007, cantidad a la que hay que añadir 5 millones de euros en inversiones".

"Es conveniente facilitar a los diputados una explicación minuciosa sobre los extremos del acuerdo, conocer sus impresiones y contestar todas sus dudas, ante una nueva etapa que se abrirá a partir del 1 de enero de 2008".

El consejero cree que a partir de esa fecha "la Justicia en Cantabria será mucho más cercana y eficiente, de forma que los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria se van a ver salvaguardados en mayor medida". "Procederemos a una modernización muy importante de la Administración de Justicia en Cantabria, muy retrasada sobre todo en los principales partidos judiciales", dijo.

Tras materializarse el acuerdo con el Ministerio el pasado mes de mayo, el consejero ya ha mantenido reuniones con todos los agentes implicados en la Administración de Justicia para presentar en detalle el acuerdo de transferencias.

Así, se han celebrado entrevistas con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa; con el secretario de gobierno del TSJC Luis Sanz, junto con los representantes y miembros de los Colegios de Abogados y Procuradores, sindicatos y médicos forenses. Todos ellos han valorado positivamente el acuerdo alcanzado entre la Consejería de Justicia y el Ministerio, y han coincidido con el Gobierno regional en la necesidad de llevar a cabo mejoras urgentes, una vez que se haga efectiva la transferencia.