Accidentes laborales

Uno de los principales impedimentos que tiene una sociedad para poder solucionar un problema determinado es que la persistencia del mismo y las dificultades que entrañe su corrección, acaben por infundir en el ánimo colectivo una cierta sensación de inevitabilidad por lo cotidiano de sus efectos, y que muchos lleguen a asumir, lamentablemente, que esas consecuencias puedan ser tan desgraciadas como permanentes.

La generalización de esta actitud es la primera amenaza que hay que saber conjurar cuando nos enfrentamos a un asunto de la gravedad y el dramatismo de la siniestralidad laboral. Porque hay que decir enseguida que esta lacra terrible que padecemos en nuestro país, y en la Comunidad de Madrid, tiene solución y, lo que es más importante, que está en nuestra mano alcanzarla. Depende de la voluntad de todos los implicados y afectados por el problema, es decir, del conjunto de la ciudadanía, de sus organizaciones representativas y de las Administraciones públicas correspondientes.

Resulta tanto más determinante la decisión que se tenga en atajar y en reducir al mínimo los accidentes laborales, cuanto que se dispone de los instrumentos legales adecuados —empezando por la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que ha cumplido ya doce años desde su promulgación, hasta diferentes acuerdos a nivel estatal, autonómico o municipal— para llevar a cabo las acciones necesarias que permitan cumplir aquellos objetivos. Pero si no existe esa determinación, o la misma se va diluyendo en la comodidad y en la rutina diaria, la conclusión no puede ser otra que el ininterrumpido goteo de una siniestralidad en el ámbito laboral que no puede ser calificada sino como una tragedia, tanto más terrible por  cotidiana e incesante.

Para UGT-Madrid, por tanto, es fundamental la voluntad política y empresarial para hacer efectivos los preceptos legales y el cumplimiento estricto de los acuerdos firmados entre los interlocutores sociales y las distintas Administraciones, todo lo cual no está siendo así en la medida necesaria para la plena eficacia de los mismos. Antes, al contrario, creemos que es precisamente aquí, en la brecha que se produce entre lo que se plasma sobre un papel y su traslado a la realidad de cada centro de trabajo, donde reside una gran parte de la explicación de por qué apenas se corrige una situación en la que, día a día, se incrementa el número de los accidentes de trabajo.

En lo que respecta a nuestra Comunidad, en el periodo enero-agosto de este año, comparado con los mismos meses de 2006, los accidentes leves descendieron un 7,28%, y los graves sólo un 0,76, pero estamos hablando, en todo caso, de nada menos que 100.035 accidentes leves y de 650 graves en 2007 a lo largo de sus ocho primeros meses. Los accidentes mortales, sin embargo, ni siquiera han mantenido esa ligera tendencia a la reducción, pues si el año pasado se produjeron, a lo largo de enero-agosto, 111 muertes, a 31 de agosto de 2007 han sido 112 los fallecidos por accidente laboral, es decir, casi 1 accidente mortal cada dos días, unas cifras a todas luces inaceptables que, además, y a falta de los datos oficiales más recientes, se ha seguido incrementando en el mes de septiembre y en los primeros días de octubre.

Es urgente detener ya esta perversa y dramática dinámica que resulta incompatible con una sociedad que, como la nuestra, se pretende desarrollada. UGT-Madrid viene denunciando constantemente estos hechos, cuya erradicación es una prioridad estratégica del Sindicato y para cuya consecución estamos empleando todos los instrumentos de que disponemos, desde campañas de sensibilización e información en las empresas, hasta el acompañamiento y asesoramiento legal de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con la problemática de la siniestralidad laboral. Hay que reducir las mencionadas cifras, pero siempre teniendo en cuenta que un solo accidente mortal —o grave— es ya una tragedia en sí misma que nos exige de todo nuestro esfuerzo y compromiso para evitarlo.

Más allá de cada accidente concreto, conocemos las grandes causas de la siniestralidad, que van desde las precarias condiciones de trabajo, en las que la temporalidad es determinante, el trabajo a destajo, las presiones y  chantajes, el abuso que se ejerce sobre determinados grupos de trabajadores inmigrantes, o la presencia de mafias en algunos sectores, como el de la construcción. A todo ello hay que añadir que en muchas empresas los Planes de Formación, tan importantes y trascendentales en todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos, no pasan de ser, en numerosas ocasiones, mero papel mojado cuyas indicaciones no se llevan en absoluto a la práctica o sólo lo hacen en aspectos muy superficiales e incompletos.

Y junto a la formación, complementaria e inseparablemente con ella, la información es el otro pilar básico sobre el que se tienen que asentar todas las estrategias de seguridad a aplicar en la organización laboral de las empresas y de los centros de trabajo. Pues bien, tampoco en este aspecto podemos estar satisfechos dada la falta, en muchos casos, de una verdadera implicación empresarial al respecto. Como demostración de lo que decimos está el hecho, muy significativo, de que, según datos aportados por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 60,8% de los accidentes mortales registrados en 2006 se debieron a factores que tenían que ver con la (deficiente) organización del trabajo y con las (escasas o nulas) medidas de prevención de accidentes.

Por todo ello, y ante el debate que a veces se plantea acerca de la propia responsabilidad de los trabajadores en los accidentes —lo que no deja de ser una repugnante manipulación para tratar de convertir a las víctimas en culpables— desde UGT-Madrid queremos subrayar que, incluso en esos pocos casos en que cabría adjudicarles alguna pequeña responsabilidad, o hasta que pudiera haber habido negligencia por su parte, la primera y esencial responsabilidad es siempre del empresario, porque, tal y como indica el punto 4 del artículo 15 de la ya mencionada Ley de Prevención de Riesgos Laborales, “la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador”. Por eso, como decíamos al principio de estas líneas, resulta fundamental esa concienciación e implicación real de la totalidad de los empresarios en poner fin de una vez a las indignantes cifras de siniestralidad que padecemos.

No es menor, por otra parte, la responsabilidad que incumbe a la Administración autonómica para afrontar un problema que el Gobierno regional tiende a despachar con meras declaraciones formales, pero sin la decisión necesaria para aprovechar hasta sus últimas consecuencias las posibilidades que ofrecen los instrumentos legales de que dispone. En este sentido, el Sindicato entiende, por ejemplo, que la publicación de las listas de empresas sancionadas por accidentes graves o muy graves, debía producirse a partir del momento en que han tenido la correspondiente sanción administrativa, y no, como impone el Ejecutivo de Aguirre, únicamente después de que haya una sentencia judicial.

De igual manera es también urgente aumentar los recursos materiales y humanos de la Inspección Provincial de Trabajo de la Comunidad, así como los del IRSST, incrementando el número de técnicos habilitados, a la vez que hay que acordar y firmar cuanto antes el III Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales, y contemplar en él la continuidad de las acciones a desarrollar a través de los Convenios plurianuales.

UGT-Madrid, en consecuencia, exige a los responsables de la Administración regional mayor sensibilidad e implicación frente a una siniestralidad laboral tan inaceptable como revela el hecho de que miles de ciudadanos vean transformado, por la vía de los hechos, el derecho constitucional al trabajo en una aventura peligrosa en la que se pone en juego la propia vida de las personas. Los trabajadores no lo podemos permitir.


José Ricardo Martínez Castro
Secretario general de UGT-Madrid.