Tras la reducción de sus techos presupuestarios, la administración del presidente Evo Morales exhortó ayer a prefecturas, municipios y universidades que sean “solidarios y equitativos” con las personas mayores de 65 años.
A pesar de este pedido, el Ejecutivo también advirtió que no dará marcha atrás en su decisión de garantizar el Bono Solidario (Bonosol) con una parte de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, reconoció ayer ante la prensa que “el Fondo de Capitalización Colectiva está prácticamente” vacío, por lo que no existen los suficientes recursos para este pago.
Por lo tanto, añadió, “el Gobierno decidió que estos recursos para pagar el Bonosol sean asumidos por el Tesoro General de la Nación (TGN), las prefecturas, los municipios y universidades”, aprobando la Resolución Biministerial 004/07.
Reiteró que del 32% por ciento del total de los ingresos del IDH, sólo el 15,6% se destinará a pagar el Bonosol, “como un pago solidario, además bajo el principio de equidad y solidaridad”. Explicó que el TGN aportará el 56%, las prefecturas el 25%, municipios 16% y universidades 4%.
Por su parte, el presidente Evo Morales declaró en Cochabamba que la responsabilidad del pago del Bonosol es del Estado y no de las transnacionales.
“Sobre el tema del IDH les digo que el Bonosol no era sostenible. Cuando se debatió el Bolivida, por ejemplo, se rebajó (...) No es posible que las transnacionales paguen el Bonosol. Pero nosotros, como Estado, tenemos que cumplir el beneficio social a la tercera edad", dijo el Jefe de Estado, según ANF.
Las prefecturas, municipios y universidades rechazaron la posición gubernamental y advirtieron que se trata de una confiscación de recursos.
“Todos queremos que las personas mayores de 65 años sigan recibiendo su Bonosol, pero el desfase financiero lo tiene que resolver el Gobierno. El Bonosol se paga con los dividendos de las empresas capitalizadas, no por la producción hidrocarburífera”, afirmó el secretario ejecutivo de la prefectura de Tarija, Mauricio Lea Plaza.
El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, aseguró que no se trata de un tema de solidaridad, sino de un tema legal. “El Gobierno está confiscando los recursos de las regiones vulnerando las normas jurídicas”.
Ambas autoridades observaron que la Resolución Biministerial 004/07, aprobada por los ministerios de Hacienda y de Hidrocarburos, el 25 de septiembre, no puede sobreponerse a lo que manda la Ley de Hidrocarburos (Ley 3058) y la Ley del Bonosol.
Quintana dijo que “la postura que asumen los prefectos, alcaldes y universidades es de insolidaridad”. Por ello, invocó a esas autoridades a que puedan “compartir este derecho adquirido por las personas mayores de 65 años y, además, que podamos compartir el pago entre todos”. Dijo que si bien es legal y legítimo que la medida sea impugnada ante los tribunales, “será importante decirles que están impugnando a que medio millón de ciudadanos que no cuentan con ingresos queden sin protección. Tendrán que repensar su decisión”.
Quintana finalizó señalando que esta medida “se formalizará de facto o de jure”.
Si (
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