Cumplir la ley

Más leyes, y casi también podríamos decir mejores leyes, no equivale necesariamente a más seguridad jurídica. Casi siempre la incontinencia legislativa acaba convirtiendo la realidad en un bosque del que no se puede salir sin daños y, desde luego, sin costes innecesarios. Goethe decía que "si uno quisiera estudiar todas las leyes, no tendría tiempo de infringirlas". Ese abuso legislativo -la misma ley que existe a nivel nacional es repicada en la mayor parte de las comunidades autónomas, con pequeños cambios, añadiendo confusión e inseguridad- no garantiza, por otro lado, que las leyes que están en vigor, se cumplan. Ni siquiera que se persiga y se castigue a quienes las incumplen. Y como sigue faltando una ley de transparencia, la situación se complica porque las Administraciones públicas no responden y al ciudadano sólo que le queda aguantarse.
 
Los legisladores pretenden convencernos de que las leyes buscan facilitar las relaciones entre los ciudadanos y de éstos con sus Administraciones. Pero parece que no es así, que nunca ha sido así. El barón de Holbach, un filósofo francés del siglo XVIII, ya se preguntaba entonces "qué confianza puede tenerse ni qué protección encontrarse en leyes que dan lugar a trampas y enredos interminables, que arruinan a los pleiteantes, engordan a los curiales y facilitan a los Gobiernos el cargar impuestos y derechos sobre las disensiones y pleitos eternos de sus súbditos". Tres siglos después seguimos haciendo leyes que los legisladores saben que no se van a cumplir. Legislan para garantizar los derechos fundamentales -el acceso a la justicia, por ejemplo-, pero luego ponen tasas abusivas que, de hecho, son barreras insalvables. ¿Para qué sirven las leyes, entonces?  "Estos son mis principios, decía Groucho Marx; si no le gustan, tengo otros".
 
Tenemos un artículo de la Constitución que ordena hacer una ley de huelga y tres décadas después, la huelga sigue sin ley. Tenemos sentencias del Tribunal Constitucional sobre el derecho a recibir la educación en la lengua oficial que se elija y algunas autonomías la incumplen sin problemas. Tenemos una legislación sobre manifestaciones que es muy permisiva en cuanto a la autorización -y Madrid tiene que soportar una media de diez manifestaciones diarias que impiden a muchos ciudadanos su trabajo, a muchos comerciantes abrir su negocio y con unos costes muy elevados para la ciudad-, pero sus convocantes eluden cualquier responsabilidad sobre lo que sucede en ellas y no admiten ni siquiera la discusión sobre si hay que racionalizar ese derecho. Un presidente de una autonomía afirma que si la ley no le permite hacer lo que quiere, lo hará igualmente. Nunca pasa nada.
 
La solución: cumplir la ley y, sobre todo, hacer que se cumpla con los instrumentos -no "las armas"- que tiene el Estado. Si no se sanciona a quien no cumple la ley ni a quien no obliga a hacerlo, ¿para qué sirven las leyes? Como decía Cicerón, "seamos esclavos de las leyes para poder ser libres". ¡No nos queda nada!