Un informe reconoce que las viviendas de la Cañada no son chabolas

La categoría de edificación es trascendental para el tratamiento que deben recibir para el desalojo y derribo, y para determinar la responsabilidad sobre este macroasentamiento en el que se calculan que habitan 40.000 personas.

Así, este informe de la Subdirección General del Régimen Jurídico y Control de Edificaciones, del departamento de Urbanismo que dirige Pilar Martínez, apunta que la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera el chabolismo como un fenómeno alegal no urbanístico que puede resolverse con desalojo y demolición "por razones constatadas de seguridad o salubridad, por ocupar suelo de titularidad pública, por obstaculizar la ejecución del planeamiento urbanístico o atendiendo a razones sociales derivadas del posible realojo de los ocupantes".

Sin embargo, el informe subraya que las edificaciones de la Cañada "no son propiamente chabolas o infraviviendas". "Aún existiendo una tipología edificatoria muy diversa se trata con carácter general de construcciones consolidadas de fábrica de ladrillo, que ocupan una o dos plantas (a veces más) con distribuciones de piezas habitables, materiales, servicios y acabados más propios de viviendas unifamiliares que de infraviviendas", y añade: "precisamente los informes policiales denuncian la construcción de auténticos 'búnkeres' de hormigón y puertas acorazadas casi inexpugnables".

El informe "no cambia nada"
El Ayuntamiento de Madrid restó este lunes importancia al estudio que determina que muchas de las edificaciones de la Cañada Real Galiana tienen la catalogación urbanística de viviendas unifamiliares, ya que "no cambia nada" porque estas construcciones "continúan siendo ilegales".

Así, fuentes municipales confirmaron que los procesos abiertos para el desalojo y derribo de algunas edificaciones de la Cañada Real no se verán afectados aunque se traten de viviendas unifamiliares y no chabolas. Éstas últimas, según la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que recoge el informe de la Subdirección General del Régimen Jurídico y Control de Edificaciones del Área de Gobierno de Urbanismo, sí pueden someterse a procesos de desalojo y derribo.

Las mismas fuentes indicaron que si las construcciones que actualmente se levantan en la Cañada Real Galiana se consolidasen, dejarían de ser ilegales, pero esta situación no se ha producido, por lo que la mayoría de las viviendas no cuentan con las licencias municipales oportunas.

Además, desde el Gobierno que dirige Alberto Ruiz-Gallardón se insistió en que la solución a los problemas de este asentamiento que se extiende desde la incineradora de Valdemingómez hasta la A-3 (autovía de Valencia) pasa por que la Comunidad de Madrid convoque una reunión con todos las administraciones implicadas.