La libertad se impone

Parece un contrasentido imponer la libertad. Al menos el ejercicio de ella. El neoliberalismo, sin embargo, nos entrega todos los días nuevas lecciones. Y una contundente es que la libertad se impone. Sobre todo si se trata de la libertad de empresa. Algo bastante coherente, es cierto, con la importancia que tiene en nuestro ordenamiento jurídico e institucional el derecho de propiedad. Para muchos, ubicado por sobre derechos humanos esenciales.

Por eso es que aquí no llama la atención que los tres grandes conglomerados de farmacias que operan en el país se hayan puesto de acuerdo para luchar por la libertad. Su cruzada se inicia hace algunos años. Cuando la Iglesia Católica y grupos fundamentalistas autodenominados pro vida, se opusieron a que el sistema público de salud entregara un fármaco que evita, después del coito, una gestación no deseada. La discusión fue planteada en términos valóricos y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Pero el camino legal no pudo evitar que la “píldora del día después” fuera repartida gratuitamente a mujeres violadas, y comercializada libremente. Sin embargo, las tres cadenas de farmacias recientemente se negaron ofrecerla, pese a que en los sectores adinerados de las principales ciudades del país la habían puesto a la venta sin problemas. Al parecer, en el acuerdo primó una confluencia ideológico político-religiosa y el hecho de que el negocio no era de gran envergadura.

Este tema tiene varias aristas curiosas. Las farmacias mantienen una enconada lucha por ganar posicionamiento. Farmacias Ahumada, Salco Brand y Cruz Verde, no evitan ni siquiera las descalificaciones explícitas entre ellas. Es que el mercado en disputa el año pasado superó los 3.000 millones de dólares. Y pareciera mantenerse en expansión a juzgar por la proliferación de nuevos locales.  Este fenómeno es tan llamativo que si se juzgara a Chile por la presencia de farmacias en sus principales ciudades, habría que llegar a la conclusión que se trata de un país de hipocondríacos.

Pese a la guerra desatada, frente a este tema puntual se acordó no comercializar la “píldora”. Esta actitud está en abierta oposición a un decreto gubernamental.  Debido a ello, los contraventores han sido sancionados con multas de millones (US.500) por cadena. Al parecer, la guerra no seguirá en este escenario.  Es posible que el Levonogestrel 0.75 mg se comercialice sin problemas.  Los empresarios han comentado que podrían ir a la quiebra si el gobierno resuelve sancionarlos por cada uno de sus locales  -en total suman más de 1.500- y no por cadena.

Es posible que la próxima batalla se dé nuevamente en el terreno de lo valórico. Pero esta vez, además del derecho a la vida, se agrega la vulneración del derecho a la libertad de conciencia y, muy especialmente, a la libertad de la empresa.

Este episodio puede graficar uno de los escenarios más complejos y desiguales que vive Chile como campeón de la economía de mercado en América Latina. Constantemente su aparato administrativo es cuestionado cuando trata de controlar la voracidad de intereses privados que entran en contradicción con  la calidad de vida de los ciudadanos.  Esto se da en el terreno medioambiental, en la tendencia hacia la creación de monopolios y oligopolios, en la protección del consumidor, en el alza abusiva de servicios básicos. Y, en general, en la labor ineficiente de un Estado subsidiario que no tiene capacidad de controlar a grandes conglomerados económicos nacionales y extranjeros que se han avecindado en el país.

Detrás de este enfrentamiento se esconde una aspiración no menor. Los empresarios intentan imponer su criterio escudados tras una coraza moral. Ellos sostienen que la píldora es abortiva.  Pero tal afirmación ha sido refutada por estudios científicos que aseguran que evita la fecundación del óvulo. Por otra parte, la opinión mayoritaria de los chilenos está a favor de su comercialización y entrega gratuita.  En síntesis, se trata de mostrar una cara ética en un negocio menor y aprovechar de imponer sus propias condiciones a un Estado que hasta ahora se había mostrado débil.

Si se considera que en las cadenas de farmacias están presentes intereses de Bancos, multitiendas, supermercados, el escenario se aclara. No se trata de una lucha circunscrita a un sector específico. Es una gama amplia del empresariado que entra en una pulseada con el Gobierno. Y lo hace utilizando la batería comunicacional con que cuenta. Prácticamente la totalidad de la prensa escrita, la abrumadora mayoría de los canales de televisión y un porcentaje importante de radioemisoras, está bajo su férula

El problema es grave, porque revela que el poder económico desea controlar directamente al poder político.  Mucho antes incluso de un eventual arribo del empresario Sebastián Piñera a la Presidencia de la República, como es la aspiración de la derecha. Lo que parece estar a la vista es el criterio empresarial frente a la libertad. Y para él, los negocios son lo primero. Aunque el envoltorio sea valórico y hable de libertad.

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Wilson Tapia Villalobos
Periodista