21 días para investigar las obras que causaron tres muertos en el Cabildo de Arriba

A pesar de tratarse de una zona especialmente sensible y protegida, donde no se autorizan obras mayores, y que la comunidad de inquilinos del inmueble derruido sólo tenia licencia, caducada además, para arreglo de techo y fachada, el primer informe técnico sobre la patente ilegalidad tiene fecha del 3 de diciembre. Pero ni siquiera en ese momento se produce a la paralización de derribo ilegal. Cinco días más tarde las obras no investigadas ni paralizadas por el Ayuntamiento santanderino colapsan el número 14 de la citada calle del Cabildo, provocando la muerte de tres personas.

Por que se produjo el retraso y qué medidas se ha tomado en el ámbito municipal para la depuración de responsabilidades si las hubiera, es una de las preguntas que el portavoz del Grupos Socialista, Jesús Cabezón, presentará ante la Comisión de Fomento del Atyuntamiento de Santander. Y lo hace tras esperar un mes la información del equipo de Gobierno que preside De la Serna. Para el PP, partido que gobierna Santander, la actitud de Cabezón es electoralista y se desmarca de la Comisión Mixta creada tras el tráico suceso del Cabildo. Sin embargo en dicha comisión, el alcalde no aportó ni un solo dato sobre la investigación interna de los evidentes fallos de inspección que hicieron posible que con una licencia de obra menor caducada se derribara un edifico en una zona protegida.

De la Serna pretende echar tierra sobre lo sucedido. No hay investigación interna ni tampoco, dijo ayer, hará declaraciones sobre el proceso judicial en marcha para no entorpecer el funcionamiento independiente de la Justicia. Pero que el asunto le preocupa da fe el hecho de que, en una decisión que tiene pocos precedentes, ha decidido contratar un abogado externo a la casa, marginando al extenso, preparado y costoso equipo judicial de ‘plantilla’. Y o bien quiere asegurarse una defensa de lujo, por las posibles responsabilidades, o bien se asegura el favor de un medio de comunicación, del que el letrado elegido, Luis Revenga, es asesor jurídico.

Ayer declararon en el Juzgado de Instrucción número 2, que investiga el trágico suceso del día 8 de diciembre en El Cabildo, tres testigos: Ángel de la Rosa y Cándida Laso, propietarios afectados, y el administrador de fincas del edificio número 12, cuyo derribo causó el desplome de la casa colindante. Tanto De la Rosa como Cándida Laso relataron a la jueza su intervención en el caso. El primero fue el que medió con la constructora para desalojar a los vecinos, y la segunda presentó una denuncia en el Ayuntamiento, según informa hoy El Diario Montañés.

Mientras tanto crecen las dudas sobre la idoneidad del técnico propuesto por la titular del juzgado que lleva el caso, la magistrada Rosa María Gutiérrez Fernández, como perito. Éste, el ingeniero José María García Moncó, informaba ayer Cantabria Confidencial, fue procesado y posteriormente absuelto por el derrumbe del Hotel Bahía. Es propietario de un chalé de Santander, con sentencia de derribo en firme que el Ayuntamiento de Santander se niega a cumplir, e informó sobre las obras que se realizaron en su día en el parking de la Plaza de La Esperanza, que como se recordará supuso una verdadera pesadilla para los vecinos.