Chaves asegura que la asignatura es aceptada por la ciudadanía

   En rueda de prensa junto al presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, Chaves quiso dejar claro que la Junta está cumpliendo con una ley democrática que ha sido aprobada por el Congreso y el Senado, donde reside la soberanía nacional.

   Explicó que, por un lado, las resoluciones del TSJA han señalado que la Junta tiene que admitir a trámite y resolver el planteamiento o recurso de padres en contra de Educación para la Ciudadanía aún cuando sus hijos no iban a recibir la enseñanza de la asignatura porque no estaban en el curso en el que se iba a impartir, mientras que, por otro lado, en relación con un caso de Bollullos par del Condado (Huelva), sí ha suspendido la decisión de la administración autonómica de rechazar el planteamiento de objeción de conciencia del padre de un alumno.

   Según Chaves, en Andalucía hay 90.000 alumnos que reciben actualmente la enseñanza de EpC, mientras que ante la Junta de han planteado sólo unos 400 casos de petición de objeción de conciencia, muchos menos ante los tribunales.

   Asimismo, el presidente recordó que ya existe una resolución del TSJA en la que no se acepta la suspensión cautelar de la impartición de la asignatura en el sistema educativo andaluz.  

   El TSJA ha estimado la solicitud de objeción de conciencia presentada por padres de alumnos de Málaga y de Bollullos Par del Condado para que éstos no cursen la asignatura Educación para la Ciudadanía, al suspender cautelarmente una resolución administrativa dictada por el viceconsejero de la Consejería de Educación, Sebastián Cano, que rechazaba dicha objeción.

   En el primero de los dos autos dictados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, a los que ha tenido acceso Europa Press, los firmantes consideran que, en el caso de la localidad onubense, "si se deniega la medida cautelar" se crearía una situación "que no podría ser alterada por el contenido de una eventual sentencia estimatoria de las pretensiones de los demandantes", porque, entre tanto, "su hijo habría recibido los contenidos educativos que se pretenden evitar".