Categórica ha sido, ahora, que no antes, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega: Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) “no van a estar de ninguna manera en las elecciones”, pero tampoco estarán candidaturas-trampa como agrupaciones de electores ni ‘partidos dormidos’ que los batasunos quieran ‘resucitar’ para soslayar la ley y concurrir a los comicios del 9 de marzo. “Es decir, todos los campos están contemplados”, ha dicho De la vega en la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Ministros.
A este respecto, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha autorizado a la Abogacía del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado a ejercitar las acciones que resulten procedentes para instar la declaración de ilegalidad o de improcedencia de continuidad o sucesión de Batasuna, de los partidos políticos PCTV-EHAK y ANV-EAE, asegurando en especial que se impida judicialmente que concurran a las elecciones generales del 9 de marzo.
También le autoriza a promover las acciones judiciales dirigidas a impedir o anular la proclamación de las candidaturas de aquellos partidos o agrupaciones electorales en que concurran las circunstancias previstas en el artículo 44.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en la redacción dada por la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP).
Igualmente, el Gobierno ha autorizado a la Abogacía del Estado a ejercitar las acciones procedentes para en cualquier otro supuesto distinto de los anteriores instar la declaración de ilegalidad de partidos o las anulatorias de candidaturas de partidos o agrupaciones en que concurran las circunstancias referidas anteriormente.
El acuerdo del Gobierno llega 48 horas después de que Fernández Bermejo anunciara que existen pruebas que acreditan la vinculación entre estas dos formaciones políticas y la ilegalizada Batasuna. El anuncio del ministro tuvo lugar al día siguiente de haber recibido la copia del informe elaborado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, remitido por el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional. Y de ese estudio se deduce que existen elementos de prueba suficientes para entender que PCTV–EHAK y ANV–EAE pueden estar incursos en los supuestos de ilegalidad de partidos políticos previstos y sancionados en la LOPP.
Ni un resquicio para los terroristas
Al anunciar este importante acuerdo del Gobierno, la vicepresidenta De la Vega ha asegurado que la semana que viene se presentará la demanda, pero ha recordado que, además, “hay otro mecanismo, que es el electoral y ya han empezado los plazos: por una vía y por otra, de ninguna manera va a quedar hueco para que ANV y PCTV puedan presentarse”.
Frente a la acusación que se le hace al Gobierno de ‘manejar’ los tiempos de ilegalización de los batasunos para recoger frutos electorales, De la Vega se defendió así: “Hay que dejar las cosas muy claras: gracias a la investigación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado el Gobierno puede hoy iniciar los trámites de ilegalización de PCTV y ANV… no ha sido antes ni después, es ahora, porque es ahora cuando se dispone no de los indicios, sino de las pruebas contundentes que van a permitir, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, que se proceda sin duda alguna a esa ilegalización”.
Es ahora, según De la Vega, cuando “ha quedado probada la vinculación de estos dos partidos con la organización ilegalizada Batasuna. Ahora, con las pruebas en la mano”, y ha insistido en que “en democracia, el Gobierno puede asegurar que todos cumplen la ley… No hay lugar en nuestra democracia para los que pretenden servirse de ella”.
Por otro lado, la vicepresidenta ha anunciado que el fiscal va a recurrir la resolución dictada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de archivar la causa contra la alcaldesa de Hernani por presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo y calumnias contra los Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, que a partir de ahora el Gobierno va a estar muy vigilante con respecto a todas las acciones de los abertzales. Y, eso sí, hasta por cuatro veces De la Vega ha insistido en que “el Gobierno no actúa por razones de oportunidad, sino de ilegalidad”.