Las investigaciones sobre la clínica Isadora no se conocerán hasta el 19 de febrero

Es previsible que el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid levante el próximo 19 de febrero el secreto de las actuaciones, que actualmente limita el conocimiento de lo actuado al magistrado y al fiscal adscrito al Juzgado. Esta circunstancia impide a la representación legal de Isadora tener acceso a la investigación. Hasta ahora, no hay ninguna persona imputada en la causa. Las diligencias practicadas se limitan a la recogida de más de una veintena de historias médicas de las mujeres que acudieron a la clínica el pasado año, las cuales ya han declarado como testigos ante la Guardia Civil.

La portavoz de Isadora, Marisa Castro, comparó el acoso de la Consejería de Sanidad contra los sanitarios de las clínicas abortistas con la persecución sufrida por los médicos del hospital Severo Ochoa de Leganés por el caso de las supuestas sedaciones irregulares en los servicios de urgencias. El proceso penal por esta investigación quedó ayer zanjado después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara el sobreseimiento del procedimiento.

"No se puede desprestigiar a un colectivo profesional sin base legal", esgrimió Castro, en alusión a Luis Montes y a su equipo, que fueron destituidos de sus puestos. "Son los mismo actores que persiguen a las clínicas. Nosotros no cometemos delito. Somos gente serie", apostilló. La portavoz de Isadora criticó que el departamento de Juan José Güemes justifique "las inspecciones abusivas" en la existencia de más de 200 denuncias de particulares, en su mayoría de plataformas pro vida. "Eso es una persecución ideológica", añadió. 

Denuncia de 'La Vida Importa'
Este procedimiento tiene su origen en una denuncia de 'La Vida Importa' interpuesta el 9 de junio de 2006 ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil contra Isadora por tirar restos humanos (de fetos de más de ocho meses) y biosanitarios (gasas o jeringuillas) en los cubos de basura. No obstante, la investigación no comenzó hasta febrero de 2007, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) verificó que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales y que practicaba abortos ilegales. El SEPRONA envió a la Guardia Civil los datos recabados, que a su vez los remitieron al juez. La causa cayó en un principio en el Juzgado número 31 que estaba de guardia, pero posteriormente entró en reparto al Juzgado de Sierra Fernández.

Al mismo tiempo, la titular del Juzgado de Instrucción número número 35, Gemma Gallego, investiga la práctica irregular de interrupciones voluntarias del embarazo de las clínicas 'CB Medical Ginedemex', la filial en Madrid del centro abortivo de Carlos Morín, y 'Mayrit'. La magistrada solicitó la pasada semana a la Clínica 'CB Medical Ginedemex' las historias de las mujeres que practicaron abortos en este centro durante 2007. La investigación de estas clínicas arrancó a raíz de las denuncias presentadas por la Consejería de Sanidad contra estos centros ante los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla. El Gobierno regional ordenó la suspensión cautelar de la actividad de estos centros.