El Ayuntamiento de Madrid considera que tiene competencia exclusiva para autorizar el cambio de uso de los terrenos ocupados por la antigua cárcel de Carabanchel, ya que están dentro del término municipal y, por tanto, sujetos a las estipulaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Ante la propuesta de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), que impone ciertas condiciones para el futuro uso del solar del antiguo penal, donde la presidenta Esperanza Aguirre quiere construir un hospital, el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón subraya que el Consistorio es quien tiene la última palabra. "Ni la Comunidad de Madrid ni el Ministerio pueden sacar el plan de la cárcel de Carabanchel adelante sin contar con el Ayuntamiento", resumieron fuentes municipales.
Y es que a pesar de que el solar es propiedad de Interior, el Ministerio debe "ceder obligatoriamente" al Ayuntamiento el derecho de superficie para instalar en la zona cualquier tipo de equipamientos, revela un documento interno de Gerencia de Urbanismo.
De los 172.000 metros cuadrados de la parcela (129.167 edificables), el SIEP propone reservar 20.832 metros cuadrados para uso terciario de oficinas, donde se sugiere la construcción de una Dirección General de Instituciones Penitenciarias, una escuela penitenciaria con biblioteca, una sede del SIEP y otra del Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario.
Otros 66.962 metros cuadrados del ámbito son de carácter residencial, donde el Estado propone construir unas 700 viviendas y comercio. Además, 23.329 metros cuadrados quedarían para zonas verdes y otros 47.928, para viario.
El resto de la zona, de 57.013 metros cuadrados, serían para equipamiento público, es decir, el terreno para que la Comunidad de Madrid construya un hospital de 350 camas, una Comisaría de Policía y un Centro de Internamiento de Extranjeros.
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