Los trasvases, víctimas de la Conferencia de Presidentes

La III Conferencia de Presidentes no ha sido fructífera para el Consell, en especial en lo referido al problema del agua. La propuesta adoptada por el Gobierno central respecto a la gestión de recursos hídricos crea nuevas barreras que hacen prácticamente imposible la realización de trasvases entre cuencas, quebrándose así aún más las esperanzas del Gobierno valenciano por retomar parte el espíritu del extinto PHN.

Dejando de lado la precaria organización de la jornada por parte del Gobierno --ya se ha anunciado que cuatro gobiernos autonómicos se ocuparán de preparar la próxima--, Francisco Camps ha visto confirmados sus recelos respecto a la posición que iba a adoptar el Gobierno central para intentar solucionar las disputas
entre autonomías por la gestión del agua.

En resumen, la propuesta del Gobierno de Zapatero ofrece más poder decisorio a las comunidades autonómicas en la gestión del agua (actualmente es competencia de las conferencias hidrográficas, dependientes del Estado). Además, concede a cada comunidad el poder  por "su peso territorial en cada cuenca". La sustitución, a mitad de la Conferencia de Presidentes, de todo término relativo a la solidaridad entre cuencas en el texto propuesto finalmente por el Gobierno es una anécdota que revela claramente la posición estatal respecto a esta problemática.

La Comunitat Valenciana, debido a su situación costera, no es cabecera de ninguna cuenca. Con la nueva propuesta, su poder en la gestión de las transferencias de aguas será ínfimo en cuencas como la del Ebro (el Consell no ha desistido en reclamar transferencias hídricas de un río que día a día sigue vertiendo agua dulce al mar). Además, la cesión del Estado de la gestión del agua a las comunidades conformará un escenario en el que toda propuesta de trasvase quedará paralizada por la oposición de una sóla región. 

Pero el aspecto más alarmante para los intereses valencianos se encuentra en las conclusiones del texto del Gobierno: según indica, las comunidades autónomas "podrán asumir  aquellas competencias a las que se refiera su respectivo Estatuto de Autonomía respecto de las cuencas hidrográficas, en particular en relación con las aguas que transcurren íntegramente en el territorio de una sola comunidad autónoma". Un párrafo muy ambigüo en el que la expresión "en particular" no excluye el poder que el Gobierno da a las comunidades que 'blindan' sus ríos en sus estatutos de autonomía (como es el caso de los proyectados en Aragón y Castilla-La Mancha) para tener plenos poderes sobre la gestión del agua que discurre por su territorio.

Todo esto se produce dentro de una campaña del conseller de Territorio, Esteban González Pons, en contra del Plan Agua del Gobierno, y en especial, de la instalación de desaladoras en la costa de la Comunitat. Pons ha llegado a expresar públicamente su sospecha de que instalaciones como la proyectada en Torrevieja se utilizarán para trasvasar agua a otras autonomías a costa de la destrucción de las praderas de posidonia de la costa de la Comunitat.

La carestía de agua tiene visos de convertirse en un problema crónico de la Comunitat. Por ello, se antoja necesario cuanto antes un acuerdo entre el Consell y el Gobierno central. Es decir, ni se puede cerrar la posibilidad de realizar trasvases entre cuencas, como parece que pretende el ministerio de Cristina Narbona, ni se debe demonizar la instalación de plantas desaladoras, como últimamente está
haciendo el conseller González Pons.