Según CCOO, el cierre norte de la M-50 es una obra ilegal y despilfarradora

La legislación de carreteras de la Comunidad de Madrid obliga a que cualquier intervención en las mismas se enmarque dentro de un plan de carreteras. Sin embargo, según la norma estatal y europea, cualquier plan de estas características debe someterse a evaluación ambiental estratégica, es decir, se deben analizar las repercusiones medioambientales. Este es el motivo por el que después de presentar su Plan de Carreteras 2007 - 2011, tras las denuncias de Comisiones Obrearas, se empezara a hablar de un "listado de obras". Pero cambiar de nombre las cosas, no significa cambiar su naturaleza, por lo que cualquier operación  que se realize sin previa evaluación es ilegal.

El Gobierno Regional cifraba en 2.300 millones de euros su coste, y aunque se pretende hacer creer de que serán financiados por concesionarias, lo cierto es que recaerán sobre los contribuyentes via peaje en la sombra y mediante otros mecanismos.

El hecho de que la zona metropolitana madrileña sea la que más autovías tiene, en relación a su población, de toda Europa y la que más atascos registra, deja muy claro la dinámica actual: cualquier ampliación del viario tiene un "efecto llamada" que en cuestión de meses anula sus pretendidas ventajas. De esta manera, la creación de nuevas infraestructuras genera más tráfico y traslñada los puntos críticos de unos a otros lugares.

La peor estrategia posible contra el principal problema medioambiental al que nos enfrentamos , el cambio climático, es seguir construyendo autovías.Pero, además, la Comunidad de Madrid tiene un tremeendo problema de contaminación del aire y acústica, que también se verá incrementado por esta autovía si se lleva a cabo. Además, están los daños a espacios protegidos tan relwevantes como el Parque Nacional der la Cuenca Alta del Manzanares , que se verñá cercenado en dos lugares por esta autovía.