Chile lamenta la 'directiva para el retorno' de la UE

En declaración oficial del Gobierno, dada a conocer este viernes, se señala que el acuerdo de la UE, además de criminalizar a los inmigrantes irregulares, tiende a someterlos a procedimientos que pueden lesionar sus derechos básicos y que vulneran el principio de reunificación familiar consagrado en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos.
 
La postura chilena de crítica a las medidas restrictivas de la Unión Europea se suma a la posición de otros países, como Venezuela y Bolivia. Chile reclama un tratamiento justo y humanitario en favor de los inmigrantes en la Unión Europea, en correspondencia con el trato generoso y abierto que Chile y el resto de América Latina han brindado tradicionalmente a los nacionales europeos en sus territorios.
 
El texto agrega que Chile ha implementado una permanente práctica de acogida a los inmigrantes, con una política de propensión a la residencia regular, como una modalidad de asegurar el efectivo ejercicio de los derechos humanos y sociales de los inmigrantes y sus familias.  Hace unos meses ha concluido un segundo proceso de regularización migratoria, que ha posibilitado a cerca de 40 mil inmigrantes regularizar su residencia en este país. 

Asimismo, el Gobierno de Chile reitera el principio de reciprocidad histórica que debe acompañar el diálogo entre la Unión Europea y nuestra región en materia migratoria.  Toda política que se adopte en este ámbito debe fundamentarse en la dimensión ética del respeto a los Derechos Humanos y en su inserción en las relaciones internacionales entre los países.
 
Chile destaca la necesidad de mantener el principio de la responsabilidad compartida, contenido en la Declaración de Lima,  adoptada por la V Cumbre América Latina y El Caribe-Unión Europea el 16 de mayo pasado.
Dicho principio postula la necesidad de un enfoque comprensivo de la migración internacional, que incluya la gestión ordenada de los flujos migratorios, el reconocimiento de los beneficios mutuos para los países de origen y de destino y la toma de conciencia pública sobre la importante contribución económica, social y cultural de los migrantes a las sociedades receptoras.
 
El documento finaliza haciendo un llamado a la Unión Europea para generar, dentro de los ámbitos que correspondan, un espacio de diálogo desde una óptica de los derechos humanos de los migrantes y espera que, a partir de una visión compartida y objetiva que surge de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias,  los países miembros de ambas regiones ALC-UE puedan generar una agenda birregional equilibrada y realista sobre la materia, que otorgue un tratamiento verdaderamente digno, justo y solidario a los migrantes irregulares.

Por su parte, el Secretario General Iberoamericano, Enrique Iglesias, dio a conocer en Madrid su preocupación sobre el acuerdo de la UE. "Me preocupan mucho las implicaciones que tendrán estas normas cara a las soluciones equitativas que deben encontrar los países emisores y receptores de migrantes para resolver este tema", dijo Iglesias.

“Estas medidas pueden producir grandes injusticias: no sólo contribuyen, sino que, por el contrario, minan el clima de confianza, de armonía y de respeto que es indispensable para una cooperación internacional efectiva y justa en materia de gobernabilidad migratoria".

En la parte final de su declaración, Enrique Iglesias puntualiza que “los gobiernos iberoamericanos aprobaron el llamado “compromiso de Montevideo” en la cumbre de jefes de estado y de gobierno de  2006, donde abrieron el camino a soluciones ordenadas del problema migratorio, pero basadas, en todo caso, en el reconocimiento a la contribución de los migrantes a los países de acogida y al principio de que los migrantes no son delincuentes y deben, por lo tanto, ser tratados con absoluto respeto   a sus derechos humanos".