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El concejal de Salamanca achaca su imputación en 'Guateque' a una "venganza"

martes 15 de julio de 2008, 21:33h
Actualizado: 15 de julio de 2008, 21:52h
El concejal presidente del distrito de Salamanca, Iñigo Henríquez de Luna, compareció este martes por la tarde ante los medios informativos para explicar que su imputación en el "caso Guateque" se debe a la "venganza" de la familia denunciante.
El edil popular aseguró que a los denunciantes, "la familia Goyeneche", se les cerró un despacho ilegal que tenían instalado en el segundo piso del edificio situado en el número 18 de la calle de Juan Bravo. A su juicio, dicho despacho era ilegal porque el inmueble está dedicado a suelo residencial.

Agregó que los Goyeneche reaccionaron poniéndole una querella criminal por tráfico de influencias. Según el edil popular, como se había aceptado la licencia del local comercial Becara, éstos se sentían agraviados e interpusieron la querella en el Juzgado de Instrucción número 49. El 7 de mayo de 2005 dicha querella fue archivada y el local fue precintado.

El concejal popular continuó explicando que el 26 de enero de 2006 los denunciantes se presentaron en su despacho y le argumentaron que si tenía licencia el otro local, ellos tenían derecho a hacer lo mismo en el segundo piso.

Henríquez de Luna aseguró rotundamente que les echó del despacho y que éste es el motivo de la querella. También explicó que la tramitación de la licencia de Becara es responsabilidad de la Gerencia de Urbanismo y que se remonta al 8 de enero de 1999, fecha en la que él no era concejal.

Indefenso ante la ley

Por otra parte, reconoció sentirse indefenso ante la ley, ya que ha tenido que enterarse por los medios informativos de su imputación, la cual no le ha sido notificada aún de forma oficial. Anunció que interpondrá un recurso de reforma para contrarrestar su imputación.

Sobre su relación con Trías (el imputado por el local de Becara), aclaró que esta persona tiene abierto un expediente disciplinario en la Junta Municipal de Salamanca por la apertura de un despacho ilegal y que le ha atendido una vez en ocho años como presidente de la comunidad de vecinos de Juan Bravo, 18, "pero en ningún caso -subrayó- hay una relación de amistad con él".

Por último, explicó que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, le ha trasladado su apoyo y que, como cargo público, en principio no interpondrá querella criminal contra los demandantes, aunque hará todo lo posible para defender su honor. "Tengo la conciencia muy tranquila", concluyó.
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