CERMI denuncia trato desigual a una estudiante sorda en una escuela de idiomas

Según explicó el Comité, la afectada, Cristina Salmerón, tiene discapacidad auditiva, por lo que no puede oír las grabaciones necesarias para realizar la prueba oral. Salmerón acusó la necesidad de contar con un profesor que leyera los textos ya que ella es capaz de leer los labios. Sin embargo, indicó que dicha solicitud fue denegada por la Administración educativa de la Comunidad de Madrid alegando que la estudiante "no cumplía los requisitos establecidos en el currículo", como explicó Salmerón. Según relató, la única posibilidad que le ofrecieron fue la de usar unos auriculares "muy potentes".

El CERMI consideró que dicha actuación resultaría discriminatoria hacia la afectada porque vulnera su derecho a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación reconocida constitucional y legalmente. Asimismo, este hecho vulneraría la Ley Orgánica de Educación y la propia normativa de la Comunidad de Madrid en materia de certificación de idiomas, ya que la Orden 2318/2008 dispone que la adaptación de las pruebas comprende también las necesarias para compensar las desventajas de las personas con discapacidad con algún grado de hipoacusia.

Por estos motivos, el Comité de la discapacidad dirigió un escrito a la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la Discapacidad por el que se solicita la investigación de este asunto y la adopción de las medidas pertinentes.

No obstante, la Consejería de Educación no tiene en estos momentos "ninguna queja o reclamación sobre le tema", y la denuncia de CERMI "es la primera noticia que tienen del caso", según informaron fuentes de la Consejería. De hecho, aseguraron que si se produce una denuncia de la persona afectada y llega a la Consejería, "se abrirá una investigación de los sucedido con la mayor rapidez".

El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a más de 4.000 asociaciones y entidades, las cuales representan en su conjunto a los cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.