Ya no son sólo Permach, Otegi y compañía quienes niegan cualquier legitimidad a nuestros tribunales. El despliegue de los corifeos del lehendakari Ibarretexe ante su eventual imputación por la Justicia cuestiona todo nuestro sistema procesal.
Antes de ahora, otros presidentes autonómicos, haciendo de tripas corazón, pasaron por ese trance: Jordi Pujol, que resultó absuelto por el caso de Banca Catalana, y también el castellano-manchego Demetrio Madrid y el balear Gabriel Cañellas, quienes dimitieron antes de ser exonerados finalmente por los jueces.
Ahora, no. Ahora parecemos empeñados en una nihilista demolición de las instituciones, propiciada por los propios responsables (?) políticos, la cual nos conduce a desconfiar en las leyes y al descreimiento social más absoluto. Vean si el asunto es grave, que incluso los miembros del Consejo General del Poder Judicial, olvidando su perenne enfrentamiento entre progresistas y conservadores, han salido unánimemente en defensa de la independencia de la Justicia.
Claro: si todo un presidente autonómico se permite presionar y hasta amedrentar a los jueces, ¿por qué no va a hacerlo un chorizo del tres al cuarto? Mientras tanto, para acabar de paralizar la maquinaria judicial, los políticos se pasan todo el día presentando demandas unos contra otros, colapsando así los juzgados con sus querellas intestinas, prolongando la resolución de los procesos civiles y agotando la prisión preventiva de los acusados por delitos comunes.
La leche, vamos. Pero, ¡si sólo fuese eso! Con obstinada reiteración, los sondeos de opinión pública muestran la creciente desafección de los ciudadanos respecto a unos políticos de quienes recelan y de unos medios de comunicación de los que desconfían. La revelación de abundantes casos de una corrupción municipal al alza, con fraudulentas recalificaciones de terrenos, sobornos y desvío de fondos a representantes políticos, contribuye poderosamente a ello.
En esa relación de instituciones bajo sospecha entran ya desde hace tiempo los sindicatos, la Justicia, la Iglesia y hasta la policía. Para acabar de liarlo, hace un par de años comenzó a erosionarse incluso la institución que más confianza ofrece a los españoles: la monarquía, con la interesada reivindicación de una república utópica y al parecer idílica.
Me parece insólito que nuestra clase política se ensimisme suicidamente ante este descreimiento galopante sin tratar de ponerle remedio. Una sociedad sin valores, sin referentes, sin confianza en sus instituciones no sólo le acabará dando la espalda, sino que terminará por no ser ni siquiera una sociedad digna de ese nombre.
Avisados estamos.