La decisión de la Corte Nacional Electoral de Bolivia de modificar los porcentajes para la remoción o ratificación de las autoridades que se someterán a referendo el 10 de agosto sumó tensión e incertidumbre a una consulta que la oposición quiere que se anule o suspenda.
El presidente, Evo Morales, y el vicepresidente, Alvaro García, manifestaron por separado que una ley aprobada por el Congreso tiene preminencia ante una resolución del tribunal electoral.
"No soy abogado ni constitucionalista, pero lo que me llama la atención es si alguna resolución de la Corte Nacional Electoral tiene más poder que una ley aprobada en el Congreso Nacional", dijo el gobernante indígena, quien pondrá su cargo en juego, junto a ocho prefectos, seis de ellos opositores.
García -vicepresidente de la República y a la vez presidente del Congreso- señaló que esa decisión es sólo "una propuesta más", porque el tribunal electoral no puede cambiar leyes sobre este referendo en que se decide la continuidad o revocatorio de las autoridades nacionales.
La Corte Electoral (CNE) estableció que los prefectos podrán ser removidos con más del 50% de los votos, cuando una norma dice que el cambio se basa en la votación de diciembre de 2005, cuando estas autoridades se situaron entre el 38% y 48% de las boletas válidas.
Para remover de sus cargos al binomio presidencial, la CNE estableció que la votación negativa deberá ser mayor al 53,7% de los sufragios.
El máximo tribunal electoral determinó internamente el jueves modificar los parámetros para las revocatorias, "en una interpretación técnica" de las leyes y la Constitución, según explicó este viernes su presidente, José Luis Exeni.
La decisión de la CNE, al ratificar la realización del plebiscito, levantó una polvareda de cuestionamientos, pues, se insiste que su decisión es una alteración arbitraria de la ley.
"No entendemos qué hace la Corte Electoral, no encontramos sobre qué bases legales hace una interpretación de la misma Constitución", afirmó el presidente del Senado y poderoso dirigente del partido opositor Podemos, Oscar Ortiz.
Los prefectos rebeldes Manfred Reyes Villa de Cochabamba (centro) y José Luis Paredes de La Paz (oeste) también criticaron a la Corte Electoral.
"La Corte Electoral está jugando, está haciendo juegos de números y porcentajes", afirmó Reyes Villa, un ex capitán de Ejército, quien anunció con antelación que no se someterá a las urnas el domingo 10 de agosto, porque considera al referendo inconstitucional.
Paredes, el prefecto socialdemócrata de La Paz y ex aliado del partido de derecha Podemos, insistió en que urge que la resolución de la CNE se convierta en una ley, en manos del Parlamento.
La realización del referendo -que para el presidente Morales permitirá dirimir en las urnas su propuesta gubernamental nacionalista, contrapuesta a la oposición liberal- avanza sobre campo minado, por las críticas a que el plebiscito no es una figura constitucional.
No sólo los partidos y prefectos han lanzado dardos jurídicos al referendo.
La única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, ha solicitado dos veces en los últimos 10 días congelar la consulta, hasta que este poder del Estado se pronuncie oficialmente sobre el tema, aunque el mismo está paralizado desde hace seis meses, por la renuncia de otros cuatro de sus integrantes.
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