El presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, Antonio Ecarri, presentó un documento en el que se da a conocer el trasfondo que se escondería tras los decretos leyes impuestos por el presidente Chávez y cómo afectará de manera directa el día a día de los venezolanos. “Con este paquetazo el Presidente de la República está sembrando el atraso en el país”.
Ecarri señaló que “cuando los recursos provenientes de una inimaginable renta petrolera son invertidos en fines distintos a los establecidos en la Constitución vigente, no se puede esperar otra cosa que el fracaso, la consolidación de una auténtica generación de la pobreza”, alejada de la cultura del trabajo, condenada a la miseria”.
Asimismo, el presidente de la Casa Uslar manifestó que “en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, se prevé la incorporación al Sistema Educativo Formal, la ideologización de nuestros hijos, estableciendo la obligación de incorporar al currículo materias relacionadas con los profundos cambios históricos, que en lo social, en lo económico, en lo político y en lo cultural, se desarrollan de manera dinámica en el país, y con ello, la excesiva intervención del Estado no sólo en la producción y distribución de toda clase de bienes y servicios, sino en la promoción de “nuevos patrones de consumo; temas politizados, sumamente delicados y alarmantes que erráticamente pueden influir de manera directa en el proceso de formación de nuestros niños y niñas”.
El documento también resalta que “con este grupo de decretos, el Presidente de la República se escuda en los consejos comunales para disimular un centralismo agudo. Para nadie es un secreto que el empoderamiento del ciudadano y de sus formas de organización, será falso e inoperante sin un verdadero proceso de descentralización. No cabe duda, que se trata de un endoso irresponsable de obligaciones que le corresponden a ministros y que estas organizaciones no cuentan con la estructura ni el acceso directo a recursos para llevarlos a cabo. Sin embargo, el inmenso centralismo se pone de manifiesto en la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en la que se crean autoridades regionales impuestas a dedo desde Caracas, entrando en abierta contradicción con las funciones de los gobernadores y alcaldes electos por voluntad popular, inhabilitando a los triunfadores de las elecciones de noviembre, sea éste rojo o de cualquier otro color”.
La excesiva discrecionalidad funcionarial, es otro punto de lanza dentro de los decretos leyes, donde la arbitrariedad es la regla general de funcionamiento de un gobierno sin limitaciones, promoviendo la impunidad, la corrupción y con ello, la violación masiva de derechos constitucionales, entre ellos, el de la propiedad. “Ahora, en este nuevo régimen el gobierno podrá decidir qué y quiénes podrán consumir determinados rubros, llegando al colmo de la discrecionalidad y pon ende de la brutal intervención del Estado en la vida de los venezolanos”.
De igual forma –prosiguió Antonio Ecarri- se establecen sanciones que involucran la inhabilitación comercial de ciudadanos. Esta figura constituye un precedente que causaría cualquier cantidad de exabruptos desde un empresario de seguros o de la banca hasta los quiosqueros o vendedor de billetes de lotería.
“Aunado a la discrecionalidad funcionarial, se dictan normas que amenazan con cárcel a los venezolanos, como una clara evidencia del firme propósito de amedrentar a todo el país, desde los grandes comercios hasta el más pequeño y extensivo a todos los ciudadanos, cuya justificación hace pensar que el gobierno nacional está previendo una crisis económica sin precedentes y trata de mantener bajo amenaza a los ciudadanos. Con estas leyes penales, el gobierno convierte a la economía venezolana en carcelaria y a los venezolanos en eventuales delincuentes, amputando los derechos fundamentales y la democracia” agregó Ecarri.
Es por todo esto que la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri hace un llamado a todos los actores sociales, políticos, religiosos, empresariales, gremiales, vecinales, comunales, a los trabajadores, a sumarse a una intensa jornada de información y consulta de estas leyes que le cambian la vida diaria a los venezolanos. Comienza una campaña nacional informativa para la discusión y reflexión que ameritan toda la atención del pueblo venezolano. Y hace un llamado a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con el firme propósito que estos se pronuncien en relación a estas leyes.
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