Prefectos rechazan el Referéndum por la Nueva Constitución

La decisión fue adoptada hoy por el denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde) que agrupa a los prefectos autonomistas de Santa Cruz, Rubén Costas; Tarija, Mario Cossío; Pando, Leopoldo Fernández; de Beni, Ernesto Suárez, y de Chuquisaca, Savina Cuéllar.

Cuéllar no participó en la reunión pero avala las decisiones adoptadas hoy por sus colegas en la localidad sureña de Villamontes, epicentro de un bloqueo de rutas en una región rica en gas, según dijo a los medios el prefecto Cossío, portavoz del grupo.

"En caso de que el gobierno nacional quiera imponer este ilegal referéndum, los cinco departamentos no admitirán su realización en sus territorios", sostuvo el prefecto tarijeño.

Morales estudia aprobar la convocatoria al referendo sobre la nueva Constitución por medio de un decreto, ya que la oposición que controla el Senado ha rechazado de plano la posibilidad de tratar una ley con ese propósito.

Los prefectos respaldaron también el bloqueo que varios grupos opositores realizan desde el lunes en las rutas que conectan la zona oriental y del sur de Bolivia con Argentina y Paraguay y han anunciado que cada departamento decida sus propias medidas de apoyo.

Con esa medida de presión, los opositores demandan del Gobierno la restitución de ingresos provenientes de los tributos petroleros que el Ejecutivo les recortó en enero pasado para pagar un bono de asistencia a los mayores de 60 años llamado "renta Dignidad".

"No permitieron que a título de financiación de la renta Dignidad nos quiten la única fuente de vida y de desarrollo que tiene estos departamentos", dijo Cossío al señalar que el Gobierno quiere "asfixiar las nacientes autonomías" del país.

De forma paralela, el Conalde ratificó su "permanente voluntad y convicción de que Bolivia requiere de un proceso de reencuentro" e insistió en que la Iglesia Católica y la Organización de Estados Americanos (OEA) pueden contribuir a esa iniciativa.

Los prefectos opositores están a la espera de una respuesta del secretario general de la OEA, Miguel Insulza, y del cardenal Julio Terrazas, máxima autoridad de la Iglesia Católica en Bolivia, a las peticiones de mediación que les remitieron el martes.

Horas antes, el Gobierno pidió que una señal de diálogo sea la suspensión de las medidas de presión en el territorio del Chaco, aunque también ha reconocido que en otras tres oportunidades anteriores el posible entendimiento ha fracasado en las mesas de negociación.

"En las tres oportunidades, la oposición y las fuerzas regionales conservadoras respondieron con la violencia, el bloqueo y la parálisis", dijo a la prensa el vicepresidente, Álvaro García Linera.

No obstante, la oposición ha acusado permanentemente al Gobierno de no flexibilizar su posición sobre el reparto de la renta petrolera, ni sobre la nueva Constitución durante los tres intentos realizados hasta ahora para alcanzar un acuerdo.