Manos a la obra

Hacen bien los partidos de la oposicion en mostrarse prudentes a propósito del accidente aéreo de Spanair en el que han perdido la vida 154 personas. Sin embargo, por responsabilidad, el Parlamento debería abordar el problema de la seguridad aérea y de los derechos de los pasajeros.

Con el accidente de Spanair hemos descubierto que la prometida Agencia de Seguridad Aérea que se debía haber puesto en marcha aún no lo está, y la verdad es que, entre las explicaciones, se ha dado alguna absolutamente inaceptable, como el que no se había podido fijar el sueldo del director de esa futura Agencia.

Entre las informaciones de la ministra Magdalena Álvarez, y lo que va transcendiendo sobre que ocurrió antes del accidente, más las opniones de los expertos, los ciudadanos empezamos a tener la sensación de que son necesarios más controles y más garantías a la hora de volar. Se dirá, y es verdad, que el medio más seguro de desplazarse son los aviones, pero el accidente de Spanair ha dejado a la vista los "puntos negros" de esa seguridad, y que deberían ser abordados.

Por eso no estaría de más que en las Cortes se ponga en marcha, ya sea en el Congreso o en el Senado, una comisión informativa que haga un "chequeo" a la seguridad aérea, detecte problemas, y ofrezca soluciones. Y entre los asuntos que sus señorías deberían tratar es sobre el derecho de los pasajeros a ser informados de cualquier avería en un avión y sobre todo sobre su derecho a decidir a continuar viaje en el mismo aunque le aseguren que es una averia menor.

El impacto que está produciendo en la opinión pública todos los pormenores del accidente de Spanair hacen necesario que los responsables políticos parlamentarios sean capaces de abrir la puerta a la reflexión, y la adopción de medidas que se debería de sacar como conclusión del trágico accidente.

Y es que algunas informaciones, y opiniones de pilotos y expertos, ponen los pelos de punta. Pero, sobre todo, los ciudadanos tenemos derecho a saber que cuando nos subimos a un avión llegaremos a nuestro destino, porque hay controles suficientes para garantizarnos que los aviones en que volamos han sido revisados y cuentan con todas las garantías para nuestra seguridad.

Estos días vemos como desde distintos estamentos se echan la responsabilidad los unos a los otros, cuando la única realidad es que hay ciento cincuenta y cuatro personas que han perdido la vida por una concatenación de fallos. El avión tenía problemas, y asi lo detectó el piloto, y a partir de ahí las respuestas que se dieron no fueron las adecuadas a la vista del desenlace fatal.

Lo que no puede ser es que no se saque ninguna lección del desastre. Los responsables políticos son quienes tienen que fijar las normas a las compañías aéreas para que puedan volar, y deben ser extremadamente rigurosos a la hora de exigir garantías, anteponiendo la seguridad a cualquier consideración económica. Los ciudadanos estamos esperando que el Parlamento se ponga manos a la obra.