Educación recuerda a Aguirre que EpC es obligatoria

"Prefiero no pensar que se trata de un órdago político porque no creo que debamos lanzar órdagos políticos cuando estamos hablando de educación, y en concreto, en educación en valores", señaló la ministra en declaraciones a los medios, en el marco de la toma de posesión de la nueva directora general del IMSERSO, Pilar Rodríguez. "Educar en valores es, desde luego, enseñar a respetar la ley, que es un principio que tiene que cumplir cualquier político", añadió.

En relación a la circular que la Consejería de Educación madrileña va a mandar a los centros escolares para explicar qué deben hacer con los alumnos objetores, Cabrera afirmó que el Gobierno "va a hacer todo lo que tenga que hacer para que se cumpla la ley". Asimismo, en cuanto a si el Ministerio de Educación se plantea presentar un recurso, fuentes de este departamento aclararon que "se estudiará (el recurso) cuando se pueda leer en papel la propuesta del Gobierno madrileño".

Asimismo, la titular de Educación señaló de nuevo que EpC es una asignatura que forma parte de una ley aprobada en el Parlamento y, que por lo tanto, "los primeros que tienen que cumplirla son las administraciones, es decir, la Administración General del Estado y las autonómicas".

La ministra reiteró, además, que EpC es una asignatura "como cualquier otra" y "no cursarla tiene las mismas consecuencias que no cursar otra materia obligatoria, independientemente del valor que la asignatura tiene en si misma, reclamada por la sociedad, padres de familia y todos los expertos en la materia que entienden que educar es educar en valores democráticos".

También el catedrático de Filosofía del Derecho Gregorio Peces-Barba se pronunció este martes sobre la alternativa a Educación para la Ciudadanía anunciada por la Comunidad de Madrid. Afirmó que en el momento en el que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía, "los jueguecitos de la señora Esperanza Aguirre y del señor Francisco Camps se acabarán".

Peces-Barba realizó estas declaraciones durante su intervención en el curso de verano de la Universidad de Cantabria (UC) 'Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos', que dirige en Laredo. Además, el jurista consideró que los problemas que están surgiendo en algunas comunidades autónomas con la aplicación de la asignatura son temporales y se disiparán pronto, al tiempo que auguró que el Partido Popular tendrá que matizar sus posiciones.


Además, la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) calificó de "reprobable" la alternativa ofrecida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a los alumnos objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) y solicita al Gobierno que "vele" por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación (LOE) "en todas las comunidades autónomas".

10.800 objeciones a la asignatura
Por el momento, a menos de los semanas de que empiece el curso escolar, la Comunidad de Madrid tiene registradas 10.800 objeciones a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, según fuentes de la Consejería de Educación. No obstante, según la plataforma Profesionales por la Ética, contraria a la asignatura, el último recuento eleva la cifra a 11.531.

Así, según los datos facilitados por el colectivo Profesionales por la Ética, la Comunidad de Madrid encabeza esta lista con 11.531 objeciones, seguida de Castilla-La Mancha (9.014 objeciones), Andalucía (7.505) y la Comunidad Valenciana (5.606). Sin embargo, las comunidades que han registrado menos oposición a la asignatura son las Islas Baleares, donde se han contabilizado 82 hasta el momento, Islas Canarias, que registra 116, Cantabria (155) y Extremadura (263).  En total, estas plataformas cifran en 44.512 las objeciones de conciencia presentadas en toda España.

Es el primer año que la Comunidad de Madrid imparte esta asignatura, tal y como recoge la Ley Orgánica de Educación (LOE). Durante este curso, tendrán que cursarla los alumnos madrileños que estén matriculados en 2º y 4º de la ESO.

En distintas ocasiones, el Gobierno regional ha asegurado que amparará a las familias objetoras. De hecho, la consejera de Educación, Lucía Figar, anunció este lunes que los alumnos que no acudan a esta clase, "tendrán la atención educativa garantizada".

Como alternativa a la asignatura, realizarán tareas de voluntariado en el centro o trabajos sobre temas incluidos en el currículo escolar, como la Constitución Española, los Derechos Fundamentales o la Democracia.