Las administraciones, enfrentadas por la gasolinera de Carabanchel

Según el Consistorio, el Ejecutivo regional ya sabía cuando eligió la parcela para el colegio que en los terrenos de al lado se construiría una estación de servicio ya que "tuvieron que hacer la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para ella, y la función de este informe es estudiar el entorno de la gasolinera", según explicaron fuentes municipales del área de Gobierno de Urbanismo.

Además, la coordinadora general de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital, Beatriz Lobón, explicó este martes a los vecinos que "la Comunidad de Madrid eligió esta parcela para el colegio 40 días después de que la otra se adjudicara a la gasolinera, así que ya sabían lo que habría junto al centro escolar", según indicó el portavoz de la Asociación de Vecinos Carabanchel Alto, Pedro Casas.

Sin embargo, fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid indicaron que "cuando el Ayuntamiento concedió el terreno, la Comunidad sólo tenía el informe urbanístico de la parte que afectaba al colegio". "Se desconocía que en la parcela de al lado iban a hacer una gasolinera, no teníamos constancia", apostillaron las mismas fuentes.

El error proviene del hecho de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 definía las dos parcelas (la de la gasolinera y la del colegio) como un único ámbito con calificación de uso educativo en su integridad. Sin embargo, el Plan Parcial segregó la zona en dos parcelas: una se quedó para equipamiento educativo y la otra pasó a ser de servicios. Así, en 2005 salió el Plan de Gasolineras y fue cuando se adjudicó uno de los ámbitos a Repsol.

Los vecinos de la zona no supieron de la situación hasta el pasado mes de junio, cuando comenzaron las obras de la estación de servicio, ya que la adjudicación tan sólo salió anunciada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), "que no lee nadie", se quejó Casas.

"Así que hasta que no se colocaron las vallas los vecinos no supieron que junto a sus casas y el colegio Ábaco habría una estación de servicio", continuó el líder vecinal. Desde entonces, han realizado una manifestación de protesta y se han puesto en contacto con el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda.

Reunión con el Ayuntamiento
Además, este martes por la tarde la Asociación de Vecinos y la plataforma 'Paralicemos la gasolinera' se reunieron con Lobón. Tras dos horas de discusión, los afectados sólo consiguieron que el Consistorio se ratificara en su decisión de no dar marcha atrás.

Según el Ejecutivo municipal, "no hay nada que justifique legalmente iniciar un expediente, porque la gasolinera cumple con todos los requerimientos técnicos y jurídicos, y además tiene una DIA positiva emitida por la Comunidad".

Asimismo, Casas afirmó que la coordinadora general de Urbanismo les explicó durante el encuentro de esta tarde que "la cancelación del acuerdo costaría unos 15 millones de euros a los contribuyentes en concepto de indemnización para Repsol".

"Beatriz Lobón empezó diciendo claramente que no se iba a cambiar la parcela de la gasolinera, que no se iba a quitar la licencia de adjudicación a Repsol y que, aunque lo sentía, el tema es muy complicado y supondría una indemnización muy grande para Repsol, de unos 15 millones", relató el portavoz de los vecinos.

Además, al parecer "ahora el Ayuntamiento dice que no tienen otra parcela para la gasolinera que reúna los mismos atractivos económicos para la empresa por la situación cercana a varias autovías", y Repsol "es una usurera, no hace ningún gesto de buena voluntad". "El colegio se reunió con ellos y se lavaron las manos, así que es absurdo hacer una reunión conjunta entre todas las partes porque sólo mostrarán esa actitud mezquina de no rebajar ni un céntimo sus pretensiones", reprochó Casas.

Problema creado por el Ayuntamiento
Para los afectados, "ha sido el Ayuntamiento el que ha creado el problema, porque no informaron en su momento para que se pudieran hacer alegaciones y ahora es tarde". Además, consideran que "no tiene sentido poner una gasolinera junto a un colegio", ya que se generarán muchos "problemas de olores, peligro en la carga y descarga, incremento del tráfico y gases nocivos que emanarán de la estación de servicio".

"No tiene sentido tener esas dos actividades una junto a la otra", apostilló Casas, para quien "quizá el proyecto cumple toda la legalidad, pero es una irresponsabilidad política", además de "una contradicción que se construya una gasolinera al lado de un centro educativo y de viviendas en el marco de un supuesto plan de alejamiento de las estaciones de servicio del casco urbano".

Por ello, los vecinos de Carabanchel acusan al Consistorio de hacer "un agravio comparativo" con los distritos periféricos, a quienes "se impone las gasolineras que se retiran del centro" de la capital.

En cualquier caso, los afectados esperan que la Comunidad "dé la cara" y "explique por qué eligió una parcela con esa servidumbre", y seguirán movilizados en su causa. De hecho, este jueves mantendrán una nueva reunión para decidir cuáles serán los siguientes pasos a tomar, incluida una posible vía judicial para atacar el problema. "También vamos a ponernos en contacto con los vecinos de Hortaleza, que tienen un problema similar", concluyó el presidente de la Asociación Carabanchel Alto.