"El diálogo no esta muerto pero agoniza"

García Linera garantizó la situación de los detenidos (12 en total) y permitirán que sean visitados por una comisión de DDHH. Serán confinados durante un tiempo prudencial en un cuartel en el departamento de Oruro y la situación del Prefecto de Pando será analisada en los próximos días. Afirmó que el acuerdo en los tres puntos: IDH, Autonomía y Pacto institucional,  está listo y firmado por el gobierno. Resta que los Prefectos de Santa Cruz, Beni y Tarija, acepten los puntos (que habrían sido previamente consensuados)

Finalmente mencionó que Cossío estaba en antecedente de la decisión del Estado de Sitio y la de la detención del Prefecto. Es más dijo que esa información fue proporcionada antes de instalar el diálogo, por lo tanto los Prefectos no deberían poner ningún pretexto para firmar el documento que garantiza la pacificación y la recuperación del rumbo institucional en las regiones en conflcito.    

DETENCIÓN DE FERNÁNDEZ:

Se confirma que en un operativo militar que incluyó la toma la Plaza Principal y las oficinas de la Prefectura del Departamento, fue detenido y conducido a una unidad Militar, el Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández. Inmeditamente fue embarcado en un avión rumbo a La Paz. El hecho podría ha entorpecido la negociación para la pacificación establecida en el Palacio de Gobierno y evitaría la suscripción del acuerdo entre las partes del conflicto.

Según el Senador Antonio Bravo que acompañaba al Prefecto, a las 10:40 de la mañana se hizo presente un oficial militar en la oficina de Fernández y lo invitó a una reunión para organizar la llegada de la misión de DDHH. Pese a que Fernández sugirió reunirse en la Iglesia, los militares afirmaron que no existiría la seguridad suficiente. Una vez llegaron al aeropuerto, el Ministro Juan Ramón Quintana, recibió a Fernández instruyéndole que aborde un avión militar que lo esperaba con los motores prendidos. Sin mayor resistencia, Fernández habría abordado sólo la nave y solicitó a Bravo que tranquilice a la población para evitar otro derramamiento de sangre.

Otros testimonios de los testigos del hecho cuentan de un operativo militar que incluyó a cientos de efectivos que rodearon la Plaza Principal de Cobija y luego procedieron al ingreso a la Prefectura. Sin posibilidad de resistencia alguna, el Prefecto fue conducido a un vehículo que lo llevó a una unidad militar, donde se espera que posteriormente sea trasladado a la sede de gobierno.

Se ha sabido de un llamado de los seguidores del Prefecto para impedir el hecho y no se descartan nuevos enfrentamientos con la población. Testigos afirmaron que no hubiera sido necesario tanto despliegue militar, pues "el Prefecto nunca se escondió y estuvo visible para su encuentro". El tratamiento como a un "delincuente común", es lo que sus seguidores reprochan del hecho. Se confirmó que no existió ningún requerimiento de autoridad judicial alguna u orden judicial firmada.

El día de ayer el Fiscal General de la República decidió inciar proceso contra Fernández y otros personajes, bajo la sospecha de "genocidio", debido a los sucesos del pasado jueves que terminaron con la vida de 30 personas, más de un centenar de heridos y la denuncia de varios desaparecidos.

La agencia EFE señala que los militares que controlan la ciudad de Cobija, capital de Pando, detuvieron hoy al prefecto (gobernador) de esta región, el opositor Leopoldo Fernández, al que el Ejecutivo boliviano acusa de ser responsable de la matanza ocurrida en días pasados.
Según el canal estatal, los militares ocuparon la sede de la Prefectura pandina y escoltaron a Fernández hacia un vehículo en el que también se encontraba un legislador opositor de esta región.

El prefecto, que al parecer no opuso resistencia, fue trasladado por los militares al aeropuerto de Cobija, donde embarcó en una avioneta al parecer hacia la ciudad de La Paz, indicó la misma fuente. La región de Pando, situada al norte del país y fronteriza con Brasil y Perú, se encuentra en estado de sitio desde el pasado viernes a raíz del enfrentamiento armado entre civiles en el que murieron al menos quince personas y más de cien están desaparecidas, según el Gobierno del presidente Evo Morales.

La Fiscalía General ha acusado al prefecto Fernández de "genocidio" y el Ejecutivo pide para él una condena de 30 años de prisión, al considerarlo responsable e instigador de este violento suceso. No obstante, el Ministerio Público también ha acusado del mismo delito a altos líderes políticos contrarios a Fernández, uno de ellos afín al Gobierno de Morales. En concreto, los otros acusados son el senador suplente Abraham Cuéllar, electo por la fuerza Unidad Nacional (UN) pero que ha respaldado al oficialismo en el Congreso, y el ex alcalde de Cobija Miguel Becerra.