Fanatismo matemático

En el comienzo de las actividades escolares destaca más la polémica sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía que la preocupación por el fracaso escolar, el coste de los libros de texto o la disciplina en las aulas. La ministra Mercedes Cabrera y sus corifeos está obcecados en negar el derecho a la objeción de conciencia de los padres con el argumento de que toda ley debe cumplirse por todos, y la asignatura evaluarse igual que las matemáticas. Extraño sofisma que significaría la negación absoluta de toda objeción ideológica contra cualquier intento de imposición de un pensamiento único a través de la enseñanza obligatoria.

La objeción de conciencia ha sido admitida en el mundo libre contra normas tan imperativas como el servicio militar en tiempos de guerra, como sucedió en Estados Unidos e Inglaterra durante la II Guerra Mundial, donde los objetores fueron destinados a misiones que no requerían el uso de las armas y alguno, como el objetor Demons  fue condecorado por sus servicios en la sanidad militar con la medalla al valor del Congreso. Entre nosotros, el Tribunal Constitucional sentó doctrina al afirmar que: “el derecho a la objeción de conciencia existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación”.

La referencia a las matemáticas descubre la mentalidad fanática de confundir el adoctrinamiento ideológico con las Ciencias Exactas. Las matemáticas enseñan cálculos numéricos universales, desde la tabla de multiplicar a los logaritmos. Se trata de un instrumento de cálculo como la gramática es un instrumento necesario para utilizar correctamente un lenguaje. La presión legal es admisible para enseñar a escribir o calcular aunque, en la práctica, se estén detectando notables deficiencias en estas enseñanzas que sí debían preocupar a los dirigentes de la educación nacional, pero es rechazable en cuanto se pretenden aplicar valores morales que no son competencia exclusiva del Estado.

Es antidemocrático confundir las bases de la enseñanza obligatoria con el mantenimiento de un engendro gubernativo que se interfiere en el campo de los valores morales sin contar con la opinión de los padres de los alumnos. Bastaría que los inventores del engendro reflexionasen si el mejor de sus libros de texto sería aceptado como pedagogía de conducta en Cuba, en China o en cualquier país islámico o, a la viceversa la ortodoxia de aquellos países podía ser aplicada en España a los emigrantes de aquellos lugares de la misma manera que se les enseña a resolver una regla de tres. No parece difícil comprender que una norma que afecta a valores morales no es competencia exclusiva del Estado sino de sentimientos personales, por muy legal que haya sido su procedimiento de promulgación. En comprenderlos se diferencian las naciones democráticas de aquellas sometidas a totalitarismos matemáticamente incuestionables.