Rubalcaba abrirá expedientes a los guardias que le desafiaron el sábado en Madrid

Los servicios de información de la Policía y de la Guardia Civil y hasta el propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI) están analizando todas las fotografías y vídeos obtenidos durante la macro-manifestación que policías y guardias civiles realizaron el pasado sábado 18 de octubre en Madrid. La orden del Ministerio del Interior es taxativa: identificar al mayor número posible de guardias civiles que, desafiando las órdenes expresas del Ministerio, participaron en el acto.

    Según ha podido saber Diariocrítico de fuentes solventes, Interior ya tiene identificados a seis guardias civiles: tres que portaban una pancarta de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y otros tres de Unión de Guardias Civiles (UnionGC).

    Los guardias de AUGC son dirigentes de la formación, empezando por su secretario general, Alberto Moya, quien incluso dio la cara ante los periodistas y ofreció declaraciones que fueron recogidas en los medios de comunicación. Otro de los ‘identificados’ es su secretario de Organización.

    Más difícil lo va a tener Interior para expedientar a los tres guardias que portaban una pancarta de UniónGC: al parecer, se trata de tres guardias jubilados, por lo que no será posible abrirles expedientes. No obstante, lo que más busca Interior son oficiales del Cuerpo que hayan asistido al acto.

    Los manifestantes ya sabían el pasado sábado que estaban ‘infiltrados’ por el CNI. De hecho, al menos tres miembros de sus servicios de Información recibieron el encargo de realizar fotografías al grueso de la manifestación. Esos agentes fueron identificados por algunos manifestantes cuando el acto concluía en la Plaza de Colón.

30.000 euros para querellarse

Por otra parte, y según ha podido saber Diariocrítico de fuentes asociativas, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) ha pedido al resto de asociaciones que se sumen a la querella por amenazas y coacciones al derecho de manifestación que quieren interponer contra el director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez.

     Al parecer, a los querellantes se les ha pedido una fianza de 30.000 euros por ser ‘procedimiento de parte’. Dada la elevada cuantía de la fianza, los responsables de la UO han pedido al resto de asociaciones que se sumen a la misma.