El Grupo Parlamentario Popular presenta las quince propuestas de resolución del PP para el Debate del estado de la Nación 2009, que "constituyen la alternativa completa para salir de la crisis económica, social e institucional provocada por la inacción, incapacidad y falta de iniciativa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha demostrado su soledad parlamentaria durante las dos jornadas del debate".
Las propuestas del PP suponen "una ayuda importante a las familias, autónomos y PYMES, que son los colectivos que peor lo están pasando en la situación de crisis y son los grandes olvidados por el Ejecutivo socialista. También son medidas en defensa de las clases medias y de apoyo a otros sectores".
El Plan completo del PP contra la crisis incluye iniciativas de austeridad, fiscalidad, bienestar social, reforma laboral e igualdad de los españoles. Todas ellas están centradas en una alternativa real para solventar la grave situación por la que atraviesa España con más de cuatro millones de parados.
RESUMEN DE PROPUESTAS
1.- RECTIFICACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA. Ante la cifra de más de cuatro millones de parados, la recesión más profunda de la historia de España y el fracaso de la política económica del Gobierno, el PP considera que no puede aplazarse más un cambio que ponga las bases para una pronta salida de la crisis y una recuperación económica duradera. Para ello:
• El PP considera requisito previo ineludible la formulación de unas nuevas previsiones económicas que reflejen la verdadera situación de nuestra economía y sea un punto de partida para elaborar un giro de política económica.
• Reclama la publicación en quince días de un nuevo cuadro de previsiones macroeconómicas que refleje el actual estado de la economía española y supere los amplios errores de previsión del gobierno desde el comienzo de la crisis.
• Exige la elaboración de un programa completo de política económica que se consensúe en el Congreso de los Diputados y permita superar los graves problemas de desempleo, endeudamiento y competitividad de la economía española y así volver, a la mayor brevedad, a una senda de crecimiento y creación de empleo”.
2.- PLAN DE AUSTERIDAD Y EFICACIA DE LAS ADMINISTRACIONES DEL ESTADO. El Partido Socialista ha incrementado sin parar la estructura de la Administración. Zapatero ha aumentado el 35 por ciento de los altos cargos y asesores desde que llegó al poder en 2004 y ha aumentado el número de vicepresidencias. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta un Plan de Austeridad para la racionalización y reducción de la Administración del Estado, así como una rebaja sustancial en los gastos corrientes que no sean estrictamente necesarios para la prestación de servicios a los ciudadanos.
3.- MEDIDAS DE APOYO A PYMES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y EN ESPECIAL PARA FACILITAR SU ACCESO AL CRÉDITO. La crisis económica está afectando de forma muy grave a los autónomos y a las PYMEs que se enfrentan de forma cada vez más acuciante a serios problemas de liquidez. Esta circunstancia está poniendo en riesgo multitud de empleos, así como la propia supervivencia de miles de empresas.
Dichos problemas se derivan principalmente de la falta de acceso al crédito y del retraso en los pagos de clientes que está estrangulando al tejido empresarial español.
El PP plantea hasta 14 medidas, entre ellas las siguientes:
• Creación de una nueva línea de crédito ICO dotada con cinco mil millones de euros para la financiación de operaciones de crédito de las corporaciones locales con sus proveedores.
• Facilitar el pago de las facturas pendientes de pago a las PYMES proveedoras de bienes y servicios a las Administraciones Públicas.
• Ajustar los módulos a la situación actual y permitir que puedan optar por el método de estimación directa.
• Evitar que las emisiones masivas de deuda pública imposibiliten el acceso a crédito del sector privado.
• Presentación de una hoja de ruta que defina y concrete el proceso de reestructuración del sistema financiero español para acelerar las actuaciones destinadas a garantizar su solvencia y asegure que la liquidez alcanza a la totalidad del sistema productivo.
4.- REFORMA FISCAL DE APOYO A LAS FAMILIAS Y LAS EMPRESAS Y DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL. Los españoles vivimos una situación de emergencia económica y social. En esta coyuntura la política tributaria tiene un papel crucial y es imprescindible que la política tributaria favorezca el cumplimento de las obligaciones fiscales y facilite la financiación de las empresas y las familias.
El PP propone distintas iniciativas para mejorar la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas, entre ellas las siguientes:
• Rebajar el Impuesto sobre Sociedades en cinco puntos, hasta el 20 %, a las pequeñas y medianas empresas.
• Modificar la definición de PYME de 8 a 12 millones de euros de facturación anual y aumentar la base imponible bonificada hasta 300.000 €.
• Elevar del 5 % al 8 % el porcentaje de provisiones y gastos de difícil justificación.
• Reducir a 3 meses el plazo de mora para poder dotar la provisión por insolvencias.
• Elevar al 3 % el tipo de deducción por insolvencias.
• Modificación de la Ley del IVA para que las PYMES ingresen el impuesto en el momento en que cobran efectivamente sus facturas.
• Adecuar los parámetros por los que se determinan los módulos del IRPF y del IVA a la actual coyuntura de crisis.
• Aplicar en el Impuesto General Indirecto Canario las mismas modificaciones descritas anteriormente para el Impuesto sobre el Valor Añadido
• Demandar a las instancias Comunitarias la prórroga, mientras dure la crisis económica, del actual régimen transitorio para el gasóleo profesional.
• Aprobar una nueva actualización de balances para ayudar a sanear financieramente a las empresas.
• Actualizar las tablas de amortización del impuesto para favorecer la inversión empresarial.
• Establecer la libertad de amortización para todas las inversiones realizadas en los ejercicios 2009 y 2010 sin condicionamientos.
• Recuperar las deducciones por inversiones en el Impuesto sobre Sociedades. Se propone recuperar con carácter permanente los porcentajes de deducción vigente en el ejercicio 2006 de las deducciones medioambientales, para la internacionalización de las empresas, para gastos en inversiones y de I+D+i, de fomento de las TIC y por gastos de formación profesional.
• Promover un aumento de la deducción por adquisición de vivienda del 15 al 25 % en el IRPF y aumentar hasta 10.000 € el límite máximo de la deducción.
• Promover la modificación del IRPF para favorecer el ahorro, mediante una deducción del 10 % para la inversión en instrumentos de ahorro a medio y largo plazo.
• Restablecer la libertad de elección de la forma de cobro de los planes de pensiones.
• Establecer una deducción de la base liquidable del IRPF ampliando el mínimo personal y familiar de su renta a los padres que tengan que asumir la carga de los hijos menores de 30 años, que por haber perdido su empleo han tenido que vender sus casas o dejar sus alquileres al no poder hacer frente a sus gastos.
• Mejorar la gestión tributaria y reforzar la lucha contra el fraude.
• Agilizar la resolución de todos los procedimientos de aplazamiento y fraccionamiento del pago de las obligaciones tributarias, adecuando las garantías exigidas a la actual coyuntura económica.
• Resolver en un plazo de tres meses la totalidad de las reclamaciones pendientes en los tribunales económico-administrativos, liberando, en caso contrario, los avales y garantías que dificultan la financiación de las empresas.
• Reforzar los medios de la AEAT para el mejor cumplimiento de sus fines.
• Reforzar la lucha contra los paraísos fiscales con medidas como la presentación de un Proyecto de Ley que elimine la posibilidad de realizar emisiones de deuda pública de cualquier tipo, tanto en euros como en cualquier otra moneda, que tenga entre sus características el ser opaca fiscalmente o que no deba el tenedor de la misma declarar obligatoriamente su identidad, y con independencia de que su rendimiento esté o no sujeto a retención.
• Eliminar la exención de tributar en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes por los rendimientos derivados de la Deuda Pública a los casos de los rendimientos obtenidos a través de paraísos fiscales.
5.- ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS JÓVENES Y LAS CLASES MEDIAS. La situación en la que se encuentra el sector de la vivienda en España es absolutamente alarmante. Hoy son miles los ciudadanos que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas y tienen en riesgo de perder la vivienda que constituye su hogar familiar.
En esta coyuntura, el Gobierno ha anunciado la supresión, a partir de 2011, de la deducción por adquisición de vivienda habitual, con un gravísimo perjuicio para las familias de clase media española.
Asimismo, el mercado de la vivienda en alquiler continúa estancado debido a la decisión del Gobierno de no modificar las leyes de Arrendamientos Urbanos y de Enjuiciamiento Civil que desde el Partido Popular le veníamos reclamando, con el fin de dotar de mayor seguridad jurídica al contrato de arrendamiento.
La propuesta del Presidente del Gobierno de rebajar la edad del inquilino -de 35 a 30 años- a los efectos de aplicación de los incentivos fiscales del arrendador, no hace sino dificultar aún más el acceso de los jóvenes a una vivienda en alquiler.
El PP propone no sólo el mantenimiento de dichas ventajas para las clases medias españolas sino también su mejora.
Entre las medidas que propone el PP:
• Mantener e incrementar la deducción por adquisición de vivienda habitual en el I.R.P.F. del 15 al 25% y elevando el límite de la deducción a 10.000 euros, con el fin de facilitar a las familias con hipoteca el cumplimiento de sus obligaciones.
• Mantener la actual reducción del 100 % de los rendimientos inmobiliarios por alquiler de vivienda habitual a los menores de 35 años y retirar su propuesta de modificar esta reducción y aplicarla solamente a los menores de 30 años.
• Promover la concesión por las entidades financieras de la moratoria a los ciudadanos con hipoteca, y que pierdan su empleo, del 50% de la cuota de amortización por un plazo de dos años.
• Adoptar las decisiones oportunas que garanticen que las medidas de apoyo al sector financiero, aprobadas por el Gobierno, lleguen a las familias que deseen acceder a una vivienda.
• Aprobar las medidas financieras y económicas oportunas que faciliten la incorporación al mercado de alquiler del stock de vivienda nueva sin vender por sus promotores.
• Disolver y liquidar la Sociedad Pública de Alquiler al encontrarse, según dispone la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en causa de disolución, transfiriendo sus recursos a las Comunidades Autónomas, en las que radican las competencias en materia de vivienda”.
6.- REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO. El objetivo de la reforma debe ser incentivar el empleo, superar la dualidad del mercado de trabajo y garantizar la protección y reincorporación de los desempleados a la vida laboral activa.
Debe impulsarse un acuerdo social para el mercado laboral que aborde las siguientes cuestiones:
• Aumentar las posibilidades de contratación de los trabajadores desempleados mediante la creación de un Portal para el Empleo.
• Permitir la colaboración público-privada en los servicios de empleo en tareas como la colocación, la búsqueda de empleo, la formación y la recolocación de los trabajadores desempleados.
• Mejorar el sistema de formación profesional estableciendo garantías sobre su calidad y adecuación de las exigencias reales del mercado de trabajo.
• Plantear las reformas legales necesarias para eliminar la dualidad del mercado de trabajo.
• Fortalecer la negociación colectiva, ampliando sus espacios y permitiendo la adaptabilidad de los convenios a los cambios del entorno productivo y de la empresa.
• Reformar el marco legal para favorecer la articulación y ordenación de la negociación colectiva, para que los salarios se determinen al nivel más adecuado para favorecer el empleo y la productividad.
7.- SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE NUESTRO SISTEMA DE PENSIONES. Es preciso favorecer la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. En el marco del diálogo social, y con el consenso de todas las fuerzas políticas, el Pacto de Toledo fue firmado el día 6 de Abril de 1995. El objetivo era poder garantizar la estabilidad y la viabilidad del actual modelo, para asegurar, consolidar y sanear el sistema de Seguridad Social y mejorar la protección social, adaptándola a las circunstancias sociales y económicas de cada momento, cumpliendo el principio de solidaridad de los españoles.
Hasta hoy, las medidas adoptadas entonces, como la constitución de un Fondo de Reserva para asegurar las pensiones del futuro, han cumplido los objetivos marcados en dicho Pacto.
Sin embargo, las circunstancias de hoy son muy distintas a las que existían en la fecha de su firma y posterior renovación en 2003. La renovación del Pacto de Toledo se hace, por primera vez, en un contexto socioeconómico de crisis, de fuerte caída de la afiliación y con un fuerte problema de envejecimiento de población y de baja natalidad.
El Grupo Popular considera que se debe acelerar el diagnóstico del sistema de pensiones en el seno de la Comisión no permanente para la valoración de las Recomendaciones del Pacto de Toledo, y a que el Gobierno promueva un nuevo pacto en el plazo máximo de seis meses que garantice un marco de pensiones sostenible y justo y que impulse la mejora de la calidad de vida de nuestros pensionistas, afianzando en principio de contributividad del sistema.
Además, el PP propone salvaguardar y aumentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, prohibiendo la inversión en instrumentos diferentes de la deuda pública española.
8.- IMPULSO DE UNA ECONOMÍA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE, Y PARA EL APOYO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS. La economía española aumenta constantemente su brecha de competividad con sus socios europeos, habiendo alcanzado recientemente niveles históricos de déficit comercial y pobres cifras de inversión directa extranjera.
Este bajo nivel de competitividad está viéndose reflejado en el déficit exterior, que es uno de los más altos del mundo desarrollado. Esta elevada necesidad de financiación en un momento como el actual de escasez de liquidez en los mercados internacionales, está provocando que España sea más vulnerable que la mayoría de los países de su entorno a la crisis financiera internacional.
Es por ello, imprescindible implementar medidas y reformar para mejorar la competitividad de nuestra economía, permitiendo así acelerar la vuelta al crecimiento económico y, en definitiva, a la creación de empleo. En este sentido, el Grupo Popular presenta medidas para: aumentar la competencia; favorecer la unidad de mercado; liberalización del sector servicios; reforma del marco institucional y fomentar la actividad en el sector de la automoción.
Asimismo, las iniciativas también se centran en áreas como la política energética, comercio exterior, investigación y desarrollo, tecnologías de la información y comunicaciones, impulso de las infraestructuras, agua, medioambiente, actividad comercial y logística, sector turismo, apoyo al sector pesquero y sectores agroalimentarios.
Entre las citadas medidas destaca:
• Instar a la Comisión Nacional de la Competencia a elaborar un informe en el plazo de tres meses sobre los posibles abusos de posición en el mercado en pago a proveedores en los principales sectores económicos.
• Aprobar una Ley de Unidad de Mercado
• Promover la colaboración con las Comunidades Autónomas y corporaciones locales para facilitar el ejercicio de la libertad de empresa en todo el territorio nacional, sin necesidad de obtener las mismas autorizaciones en distintos territorios.
• Poner en marcha un Plan de Simplificación de procedimientos administrativos.
• Garantizar la unidad de mercado y trasponer de manera exigente la directiva europea sobre servicios en el mercado interior.
• Garantizar la independencia y transparencia de los organismos reguladores.
• Aprobar en el próximo Consejo de Ministros una ayuda directa de la Administración Central de mil euros por la adquisición de automóviles de turismo y vehículos industriales de primera matriculación. Una ayuda de 500 euros por la adquisición de turismos usados cuya primera matriculación no hubiera superado el año. También, ayuda directa equivalente para las motocicletas y ciclomotores.
• Establecer una política energética que garantice el suministro en términos de calidad, cantidad y precio.
• Congelar las tarifas energéticas mientras dure la recesión y se mantengan bajos los precios de las materias primas.
• Reducir la dependencia de fuentes energéticas externas en convergencia con la media de la UE.
• Elevar la contribución de la energía renovable hasta un 12 por ciento al final de la legislatura y hasta el 20 por ciento en 2020.
• Desarrollar un plan de I+D+i.
• Orientar las ayudas hacia las necesidades del tejido empresarial y proporcionar un marco fiscal atractivo a las actividades de I+D+i.
• Impulsar la rápida instalación de redes de fibra óptica como una vía para la mejora de la eficiencia de la economía. El modelo regulatorio sectorial se orientará con el objetivo de asegurar una elevada y rápida inversión.
• Poner en marcha una política integral de modernización de las infraestructuras con un mayor refuerzo de inversión y establecer una dotación presupuestaria extraordinaria con la finalidad de recuperar los ritmos de construcción de líneas ferroviarias y de carreteras de alta capacidad para incentivar la creación de empleo.
• Adoptar las medidas necesarias para que antes de 2012 el ferrocarril llegue a todas las capitales de provincia y ciudades importantes con los verdaderos parámetros de alta velocidad, es decir, con capacidad para alcanzar los 350 km/h.
• Proponer un acuerdo político sobre el agua bajo el criterio de sostenibilidad racionalización económica y solidaridad territorial, que permita dar garantía en le presente y futuro a los ciudadanos en relación a un uso responsable de agua en cantidad y calidad y al desarrollo económico de todas las regiones españolas.
• Sustituir las actuales tarifas de riego vigentes desde el pasado julio, por una tarifa de energía profesional de coste similar a las tarifas especiales de riegos derogadas para hacer viable el regadío.
• Agilizar la tramitación de líneas ICO para la concesión de créditos al tejido empresarial español para la mejora de su liquidez a corto plazo.
• Reducir, al menos al 50 por ciento, de forma temporal, todas las tasas portuarias y aeroportuarias como medida de choque ante la crisis del sector turístico, náutico y aeronáutico.
• Implementación total del Plan del Turismo Horizonte 2020 con las partidas presupuestarias consiguientes.
• Promover ante la Comisión Europea que las desgravaciones fiscales y reducción de los costes laborales para buques de pesca comunitarios se apliquen en las mismas condiciones a toda la flota comunitaria, independientemente de la modalidad de pesca que ejerzan y siempre que faenen fuera de las aguas comunitarias.
• Articular un paquete de ayudas para el sector agrícola, con especial atención a los sectores lácteo, vinícola, aceitero y ganadero.
• Puesta en marcha de una destilación de crisis en el sector vitivinícola por una cantidad mínima de dos millones de hectolitros a un precio mínimo de 1,90 euros el hectógramo. En el sector del aceite de oliva, modificación de la OCM para actualizar el indicador, en virtud del cual se eleva la ayuda al almacenamiento privado hasta alcanzar, como mínimo, los 2,20 euros/kg.
• Solicitar el incremento del porcentaje de devolución del IVA de compensación del sector ganadero desde el 7,5 % al 9 %.
9.- CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL BIENESTAR Y REPOSICIÓN DE LOS RECORTES SOCIALES. La actual crisis económica está poniendo en riesgo la sostenibilidad del Sistema de Bienestar. Muestra de ello son la falta de financiación y los problemas surgidos en la aplicación de la Ley de Dependencia; el desbordamiento de un sistema sanitario que debe atender a más de cinco millones de nuevos usuarios sin una financiación adecuada; y los recortes presupuestarios que afectan de forma principal a las partidas sociales, castigando a los sectores más desfavorecidos.
Por ello, el Partido Popular cree llegado el momento de impulsar un Acuerdo por la Consolidación y Modernización del Sistema de Bienestar que implique a todas las administraciones públicas, partidos políticos, agentes sociales, asociaciones y tercer sector. Dicho acuerdo deberá incorporar:
• La efectividad, sostenibilidad y la eficiencia de la Ley de Dependencia, aumentando las cuantías del nivel mínimo en un 40 % y dando cumplimiento a la obligación del Estado de hacerse cargo del 50 % de la financiación de la dependencia.
• La racionalización del tortuoso proceso de tramitación que hace que en la actualidad, según datos oficiales, haya 129.000 solicitantes esperando dictamen, y más de 200.000 en espera de prestaciones y servicios.
• El impulso de un Pacto de Estado por la Sanidad.
• La garantía de la suficiencia financiera del Sistema Nacional de Salud, como elemento indispensable en la renovación del modelo de financiación autonómica.
• Una adaptación del Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante la Pandemia de la Gripe actualmente vigente a la nueva contingencia de la Gripe A. Se procurará así mismo la instalación en España de una fábrica de vacuna antigripal.
• La readscripción del Instituto Carlos III al Ministerio de Sanidad y Política Social.
• La reintegración de los recortes sociales, mediante la restauración de los créditos presupuestarios eliminados, que ascienden a una cuantía de 803 millones de euros.
10.- MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSITARIA. España lleva constatando varios años de crisis educativa muy profunda. Es necesario emprender actuaciones que nos permitan reducir los altos índices de fracaso escolar y formativo y de abandono temprano que, lejos de reducirse, se incrementan cada curso escolar según nos advierten los diferentes informes internacionales. Se constata un 31 % de fracaso escolar y un 38 % de abandono temprano, que traerá como que casi un 40 % de jóvenes queden en situación de riesgo social.
La adaptación al proceso de Bolonia que debía ser una oportunidad para las universidades españolas se está convirtiendo en un desgaste para la propia comunidad universitaria.
Por ello, el Partido Popular propone para mejorar la calidad del sistema educativo en sus distintos niveles:
• Impulsar una Estrategia Nacional para la Mejora de la Educación, en colaboración con las Comunidades Autónomas y la comunidad educativa.
• Implantar un nuevo modelo de evaluación nacional.
• Crear un Fondo para la Cohesión y la Calidad de la Educación para promover y asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en condiciones básicas de igualdad en todo el territorio nacional
• Reforzar el reconocimiento social de maestros y profesores
• Dotar de medios para la innovación pedagógica y el equipamiento escolar a los centros educativos y las familias.
• Fomentar la Formación Profesional como elemento indispensable para posibilitar el acceso al mercado de trabajo y la mejora de la cualificación de nuestros jóvenes.
• Promover un sistema universitario español de calidad y excelencia, adaptado al Proceso de Bolonia.
• Establecer las medidas necesarias para que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA) provea con rapidez y flexibilidad la acreditación docente de los títulos universitarios y el profesorado.
11.- ESTABLECIMIENTO DE UNA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN ORDENADA. La población extranjera que reside en España supera los cinco millones de personas, de las cuales más de un millón se encuentra en situación irregular. No sólo no se está produciendo el retorno de los inmigrantes a sus países de origen, sino que en 2008 llegaron a nuestro país casi medio millón de nuevos inmigrantes. Y ello a pesar de que se calcula que hay más de un millón de inmigrantes en situación de desempleo y que en el colectivo la tasa de paro alcanza un 28,39 %.
El Partido Popular quiere una política de inmigración ordenada, que se apoye en el binomio legalidad-integración. Para ello proponemos la reforma urgente de la Ley de Extranjería, que el Gobierno deberá remitir a la Cámara en un plazo máximo de tres meses y que debe contemplar los siguientes objetivos:
• Reforzar los mecanismos de lucha contra la inmigración ilegal en nuestras fronteras.
• Actualizar el mecanismo de expulsión de los inmigrantes en situación irregular.
• Prohibir las regularizaciones masivas.
• Limitar en términos razonables la figura de reagrupación familiar.
• Ordenar una inmigración legal adecuada a nuestra capacidad de acogida y a la evolución del mercado laboral.
• Establecimiento de la tarjeta azul europea.
• Impulso de una política de fomento del empleo y la formación especialmente orientada a los inmigrantes, en coordinación con las Comunidades Autónomas.
12.- REFORMAS URGENTES DE LA JUSTICIA. El PP propone modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los apartados 4 y 5 del artículo 23, a fin de limitar el principio de jurisdicción universal penal, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Con ello, se pretende ampliar la jurisdicción española a delitos no contemplados actualmente y excluir otros a los que sí se extiende, es decir, limitar la jurisdicción universal a los casos en los que haya un punto de conexión con los tribunales españoles; establecer el principio de subvariedad de la jurisdicción universal.
Asimismo, se pide un compromiso en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 600.000.000 de euros adicionales al crecimiento porcentual medio de Justicia. Esto quiere decir, que, en cada ejercicio, 200.000.000 de euros irían destinados a la puesta en marcha de la Oficina Judicial y a establecer un sistema informático de ámbito nacional.
13.- SEGURIDAD CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA. Ante la situación actual de inseguridad ciudadana, urge la elaboración de un Plan Integral de medidas de lucha contra la delincuencia, que incluya medidas legislativas y dotaciones presupuestarias. Un sistema claro de información sobre la evolución de la delincuencia que permita conocer con exactitud los principales indicadores por delitos y por provincias. Además, exhortar a conseguir una progresiva equiparación salarial y de derechos sociolaborales entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
14.- LAS DIRECTRICES DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA Y AGENDA DE LISBOA. Debe ser objeto de permanente ocupación política la reflexión sobre el encaje y funcionamiento de España dentro de la arquitectura europea. Teniendo en el horizonte la Presidencia Europea española en el año 2010, el Grupo Parlamentario Popular ha realizado parte de esa reflexión, y ha encontrado diversos aspectos que pudieran ser manifiestamente mejorables con el trabajo común y el consenso con los otros grupos de la Cámara:
• Fijar ya un calendario de discusión para un programa y agenda de la Presidencia Española 2010 consensuado por toda la Cámara.
Por ello el PP reclama:
• Someter a la consideración de esta Cámara la agenda y programa político de la próxima Presidencia Española de la Unión Europea, a fin de que tras su debate, los objetivos de la misma respondan a un gran acuerdo entre todos los grupos parlamentarios.
• Adoptar en materia de Competitividad, Empleo y Educación las medidas necesarias para acercar a España a los objetivos establecidos en la Estrategia de Lisboa, especialmente en lo relativo a la mejora de nuestra competitividad productiva, creación de empleo cualificado y reducción del abandono y fracaso escolar, así como en los diferenciales existentes en el resto de los indicadores productivos y educativos señalados en dichos objetivos”.
15.- EFECTIVIADAD Y GARANTÍA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBERTAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES. El castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Sin embargo, estos principios constitucionales se han visto gravemente deteriorados en los últimos años del Gobierno socialista. Se constata que existen diferencias en el acceso a los servicios públicos básicos, la solidaridad puede quedar en entredicho con la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica y finalmente la adopción de determinadas políticas lingüísticas, en ocasiones, dificultan cuando no impiden estudiar en castellano en el sistema educativo. El Partido Popular, consciente de esta situación insta al Gobierno a:
• Asegurar que todos los españoles tengan garantizados, en condiciones de igualdad, sus derechos.
• Velar por que todos los españoles tengan asegurado, en cualquier lugar de España, el acceso a los recursos naturales tan esenciales como el agua.
• Aprobar una Ley de Unidad de Mercado que garantice la libertad económica, fomente la competencia y asegure la igualdad en el acceso a los bienes y servicios.
• Acordar el nuevo sistema de financiación autonómica por unanimidad en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, incorporando también la Financiación Local.
• Garantizar la libertad de opción lingüística en la enseñanza y la no discriminación por razón de lengua en el acceso a la Función Pública.
Si (
No(
