La diputada de UPyD Rosa Díez presentó una escueta moción “contra la impunidad y a favor de la derrota de ETA y la deslegitimación de su proyecto”, a debatir y votar en el Pleno parlamentario de este martes. Un 'guante' que fue recogido por el diputado del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, para pactar con el diputado socialista Antonio Hernando una moción de sustitución que sería presentada a Rosa Díez. La diputada de UPyD que motivó esta iniciativa aceptó la nueva moción pactada entre PP y PSOE con algunas inclusiones y ésa es la moción transaccional resultante que pueden ver de forma íntegra pinchando aquí (pdf). El apoyo de los partidos mayoritarios favoreció que el texto fuera aprobado por el Pleno a pesar de la posición radicalmente opuesta del PNV y de que, según la interpretación de los 'populares', esta moción pueda significar el fin a la autorización parlamentaria que legitimaba las negociaciones entre el Gobierno y la banda terrorista.
En esa moción, el Congreso insta al Gobierno a que “continúe desmantelando las estructuras de reclutamiento de ETA, impidiendo los espacios de impunidad de los terroristas y de sus cómplices, así como de los intentos de la banda de proseguir con su acción y organización en los centros penitenciarios”.
Esta moción resulta muy dura para las pretensiones de la llamada izquierda abertzale, la cual espera un nuevo comunicado de ETA con un alto el fuego definitivo, unilateral y verificable para poder inscribir una nueva fuerza política para las elecciones municipales de mayo de 2011. Y ello porque el Congreso insta al Gobierno a “continuar aplicando la legislación y la doctrina del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Derechos Humanos para evitar que formaciones políticas ilegales o quienes justifican o apoyan la violencia terrorista puedan utilizar cualquier tipo de vía para, fraudulentamente, concurrir a futuros procesos electorales y obtener representación institucional. A tal efecto, el Gobierno tendrá dispuestos los medios necesarios para aplicar de forma inmediata las reformas legales que estén en tramitación en el Parlamento y que tienen la finalidad mencionada”; es decir, la reforma de la Ley Orgánica Electoral General en ese punto concreto.
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En ese sentido, la moción aprobada por el Pleno del Congreso a instancia inicial de Rosa Díez insta al Gobierno a que vigile “la aplicación estricta de la jurisprudencia mencionada, especialmente en cuanto a los requisitos exigidos a los partidos políticos, coaliciones y federaciones de partidos y agrupaciones de electores, para concurrir a las elecciones al amparo de la Constitución Española, del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y del resto de legislación aplicable”.
Se le pide al Gobierno también que tenga en cuenta la resolución 80 de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de 30 de julio de 2009, que dice que “los estatutos y el programa de un partido político se no pueden ser tomados en cuenta como único criterio para determinar sus objetivos e intenciones. Es preciso comparar el contenido de dicho programa con los actos y tomas de posición de los miembros y dirigentes del partido en cuestión.
Finalmente, a través de esa moción se le pide al Gobierno que “siga haciendo todos los esfuerzos necesarios para afianzar la unidad de las fuerzas políticas democrática en torno a una política antiterrorista encaminada a la derrota definitiva e incondicional de ETA”.
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