Salgado aprieta el cinturón a los presidentes autonómicos: exige 10.000 millones en recortes

La Propuesta de acuerdo marco con las comunidades autónomas sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013 propone austeridad en las retribuciones, restricción de las ofertas de empleo público, racionalización de las estructuras de las administraciones y medidas de lucha contra el absentismo de los funcionarios, entre otras. La propuesta del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero también incluye una fiscalización trimestral de las cuentas públicas de cada autonomía.

Además, según el borrador plan de austeridad estatal, el Gobierno central podría penalizar a las autonomías que no contengan el déficit retrasando algunas transferencias. El documento recuerda que el esfuerzo debe concretarse en una reducción del déficit del conjunto de las administraciones con el objetivo de llegar al 3% del PIB en 2013 repartido de la siguiente forma: un -1,9% para la Administración central, un -1,1% para las autonomías, un -0,2% para las entidades locales y un +0,2% para la Seguridad Social.

El Ejecutivo sólo necesita el apoyo de una comunidad para hacer que su propuesta prospere, dado que cuenta con la mitad de los votos del Consejo. En dicho acuerdo, el Gobierno advierte a las comunidades de la posibilidad de que las gradúe los pagos por transferencias no determinados por normas o acuerdos a los territorios que no cumplan con los compromisos que pretende acordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Además, las insta a aprobar en tres meses un plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores públicos, administrativos y empresariales para mejorar la eficiencia y reducir el gasto público, igual que lo hará la Administración Central. Esto puede suponer supresiones, refundiciones o reestructuraciones de órganos innecesarios.

De la misma forma, se pide a las comunidades que apliquen una política de contención de gastos de personal desde una senda de austeridad en materia de retribuciones, una estrategia restrictiva en la configuración de las oferta de empleo público y una política de racionalización de los recursos humanos. Todas las actuaciones en materia retributiva deben instrumentarse a través del "oportuno y necesario" proceso de diálogo social.

Asimismo, deberán remitir al CPFF un informe trimestral, en términos similares al previsto para la administración del Estado, en el que se analizará el cumplimiento de plazos para el pago en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y la respectiva administración autonómica.

Igualmente, las comunidades tendrán que incluir en los datos contables que normalmente remiten al CPFF la información anual sobre los gastos realizados y pendientes de aplicar al Presupuesto, según los términos que se acuerden en el próximo Consejo.