La UE retrasa hasta 2020 el freno a la pérdida de biodiversidad

La falta de instrumentos apropiados, la aplicación incompleta de las normas sobre espacios protegidos y la integración insuficiente de consideraciones sobre la biodiversidad en otras políticas son algunos de los factores que han hecho imposible parar la extinción de especies en 2010, como se acordó en la cumbre de Gotemburgo (Suecia) nueve años antes.

"No hemos sido capaces de cumplir con lo que ahora estaba marcado, pero tampoco podemos hacer una descalificación al cien por cien. Las circunstancias varían mucho de unos países a otros", afirmó la ministra española de Medio Ambiente, Elena Espinosa, a su llegada a una reunión con sus homólogos europeos en Bruselas.

En opinión de la ministra la solución está en integrar la biodiversidad en "todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida".

La UE se propone no sólo "detener la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos" sino también hacer todo lo posible por restaurar esa pérdida e impulsar la prevención a escala mundial.

Asimismo, asume que es necesario fijar un objetivo a largo plazo para lograr una mejor protección de las especies en 2050.

Los ministros europeos reflejaron estas ideas en un texto de conclusiones inspirado en las directrices que presentó el pasado enero la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario recordó entonces que la extinción de especies sigue registrando "índices alarmantes" con un ritmo entre cien y mil veces superior al normal.

Asimismo, aseguró que más de un tercio de las especies corren el riesgo de dejar de existir y que un 60 por ciento de los servicios ecosistémicos de la Tierra se han deteriorado en los últimos 50 años, todo ello a causa principalmente del cambio climático y las actividades humanas.

Según cálculos de la ONU, la pérdida anual de los servicios que nos presta el ecosistema se eleva a unos 50.000 millones de euros y de no tomar medidas la pérdida de bienestar acumulado podría alcanzar en 2050 una dimensión equivalente al 7% del consumo anual.

"No actuar entraña un coste excesivamente alto", reconocen los países en las conclusiones aprobadas este lunes.