Los tres grupos han pactado una enmienda en el Senado sobre la conocida ley antidescargas que, entre otras cuestiones, contempla la necesidad de una autorización judicial previa al cierre de páginas web o retirada de contenidos, para lo cual se fija un plazo de 24 horas.
Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo tendrán la potestad de interrumpir la prestación de servicios o retirar contenidos que vulneren la propiedad intelectual y deberá dictar una resolución, a petición de los órganos competentes, previa audiencia del Ministerio fiscal, en un plazo de 24 horas siguientes a la petición.
Además, contempla la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, que, compuesta por dos secciones, desempeñará funciones de arbitraje y mediación --en el caso de la sección primera-- y será la encargada de requerir al juzgado la intervención en caso de conflicto --en el de la sección segunda--.
"En el plazo improrrogable de dos días siguientes a la recepción de la notificación de la resolución de la Comisión y poniendo de manifiesto el expediente, el Juzgado convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados o a la persona que éstos designen como representante a una audiencia, en la que, de manera contradictoria, el Juzgado oirá a todos los personados y resolverá en el plazo improrrogable de dos días mediante auto. La decisión que se adopte únicamente podrá autorizar o denegar la ejecución de la medida.", se explica en la enmienda.
Ánimo de lucro
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La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual será la encargada de adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio o se retire el mismo cuando vulnere derechos de propiedad intelectual "siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial".
No obstante, antes de proceder a adoptar estas medidas lo comunicará previamente para insta a la retirada o suspensión del mismo de manera voluntaria en el plazo de 48 horas "o, en su caso, realice las alegaciones y proponga las pruebas que estime oportunas". En todo caso, la ejecución de las medidas sancionadoras requerirá una autorización judicial previa.
"Transcurrido el plazo anterior, en su caso, se practicará prueba en dos días y se dará traslado a los interesados para conclusiones en plazo máximo de cinco días. La comisión en el plazo máximo de tres días dictará resolución. La retirada voluntaria de los contenidos pondrá fin al procedimiento".
Por su parte, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá las funciones de árbitro y mediador en caso de conflicto colaborando en las negociaciones y presentando propuestas a las partes, así como proponiendo soluciones y fijando cantidades sustitutorias de tarifas.
¿Revisión del canon digital?
En este aspecto, solo la Cadena Ser avanza que el apoyo del PP a la 'ley Sinde' vendría condicionado además por una revisión del canon digital en el plazo de 3 meses. Un aspecto que acabaría así con la actual irregularidad del derecho español en conflicto con el derecho comunitario, aunque aún no está confirmado al cien por cien. Hay que recordar, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE)
declaró ilegal cualquier tipo de canon digital que se imponga de forma indiscriminada a todos los equipos y materiales de reproducción y no únicamente a los que presumiblemente se vayan a destinar a la realización de copias privadas, como el que se aplica en España.
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