El consejero de Mercasevilla y concejal del PP Beltrán Pérez advirtió hoy de que el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), y el ex gerente de Urbanismo y actual vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE), Manuel Marchena, están "en el centro de la corrupción" del caso Mercasevilla, toda vez que la juez ha ordenado investigar un supuesto ofrecimiento de Marchena a la empresa Larena 98 para la adjudicación de proyectos municipales a cambio de rescindir el contrato de superficie firmado con Mercasevilla.
La orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se produjo después de que el socio mayoritario de la sociedad mercantil Larena 98, Antonio Pardal Reyes, declarase ante la Policía Judicial que el propio Marchena le ofreció, supuestamente, la adjudicación de varios proyectos de vivienda protegida, así como la concesión de una estación de ITV por mediación de la Junta, a cambio de la rescisión de tal contrato.
Al respecto, Beltrán Pérez, acompañado de los concejales populares Gregorio Serrano y Francisco Pérez, manifestó en rueda de prensa que las declaraciones de Pardal dan "un giro espectacular en la corrupción" en el caso Mercasevilla y abren "nuevos escenarios corruptos" en la gestión del Gobierno tanto municipal en la ciudad hispalense como de la Junta de Andalucía.
Así, este pronunciamiento "profundiza" en los hechos acontecidos en cuanto a la venta "ilegal" de terrenos de Mercasevilla, de modo que, a su juicio, es "una obviedad" que Monteseirín y Marchena "no eran ajenos a los entresijos de la mayor operación urbanística de la historia de Sevilla", por lo que, "técnica y políticamente, es imposible que el alcalde y el ex gerente de Urbanismo no controlaran esta operación", recriminó Pérez.
Ante ello, preguntó retóricamente "¿cómo se han adjudicado los contratos de viviendas oficiales y contratos de mantenimiento de la vía publica en los últimos años en Sevilla?" y "¿cuál va a ser la reacción de Monteseirín y Marchena ante el señalamiento por parte de un testigo que hace acusaciones contra ellos que pueden ser constitutivas de delito?", porque "ofrecer contratos que tiene que ser sometidos a concurso público es delito".
Asimismo, esta declaración "vuelve a abrir el escenario de corrupción y entre los actores principales también están miembros de la Junta de Andalucía", pronunció Pérez, quien calificó de "gravísimo" que "a un testigo se le ofrezca la concesión de una ITV a cambio de las determinadas actitudes que beneficiaban al Gobierno municipal", al tiempo que preguntó por "¿cómo se adjudican las ITV en Andalucía?" y "¿qué piensa hacer la Junta para desacreditar la declaración del testigo, si es que puede hacerlo?".
CONEXIÓN DE CASOS
Para Pérez, el Gobierno municipal de Monteseirín "se ríe de los ciudadanos con su actitud de encubrimiento, y el PSOE y la Junta han intentado que sólo estuvieran implicados Fernando Mellet y Daniel Ponce". Además, "se produce una conexión entre el caso de corrupción de Mercasevilla con el asunto de las facturas falsas de Macarena y también de Unidad, porque Mellet y Domingo Enrique Castaño han pasado de un escándalo a otro".
"Desde el PP no se acusa por señalar", porque, según recordó Beltrán Pérez, la primera querella ya incluía a Castaño, Marchena y Monteseirín, entre otros, por lo que "hay mucha gente implicada en este caso, así como muchos intereses que trascienden del ámbito municipal y llegan hasta la Junta y nadie quiere abandonar sus cargos porque pueden producirse muchas consecuencias", criticó.
PALABRAS TESTIFICALES
En la declaración de Pardal Reyes ante la Policía Judicial, el testigo relata que a finales de 2002 recibió una llamada por parte del imputado Daniel Ponce en el transcurso de la cual éste le ofreció la posibilidad de construir unas naves comerciales en los terrenos del merca, para lo que se constituiría un derecho de superficie sobre parte de los mismos, añadiendo que, en un principio, este negocio "le pareció rentable", por lo que concertaron una primera reunión en los locales de Mercasevilla.
Asimismo, indica que en la reunión estaban presentes el propio Ponce, Fernando Mellet y el letrado de Mercasevilla, y durante la misma acordaron elaborar un contrato de superficie sobre una parcela de 48.000 metros cuadrados, por el cual Larena 98 se vería obligada a abonar un canon mensual de unos 59.000 euros, además de una fianza inicial de más de 400.000 euros, una cantidad esta última que, según dijo, "nunca fue depositada por parte de Mercasevilla en la cuenta correspondiente" de la Consejería de Economía y Hacienda, "quedándose a disposición del merca".
En este sentido, y tras indicar que a partir de ese momento se celebraron "muchas reuniones" de carácter técnico, pone de manifiesto que Larena comenzó a pagar la cuantía correspondiente al canon superficiario --en total "unas cuatro o cinco cuotas"--, y añade que, desde el mismo momento de la firma del contrato, "surgen los problemas técnicos, pues Mercasevilla no había realizado los trámites jurídicos necesarios para segregar estas parcelas; no estaba lista para ser urbanísticamente construida, y no tenía los centros de transformación ni el soterramiento de los cables de alta tensión".
Según afirma, "recibió todo tipo de presiones" por parte de Mellet, que le decía "que no dejase de pagar el canon, pues le resultaba vital para mantener la actividad del merca", añadiendo que se produjeron "varias" reuniones "donde le prometían todo tipo de cosas, entre ellas un director general de la Junta que le prometió, a cambio de seguir pagando el canon, la concesión de una estación para pasar la ITV", mientras que en otra reunión, a la que asistieron Mellet, Ponce y "una persona joven que decía ser la mano derecha del alcalde", se le ofreció a cambio de resolver el contrato de superficie "la concesión de todos los servicios de mantenimiento de las calles de la ciudad".
MARCHENA, INVESTIGADO
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el caso Mercasevilla ha ordenado a la Policía Judicial que investigue al ex gerente de Urbanismo y actual vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico, Manuel Marchena, por un supuesto ofrecimiento a la empresa Larena 98 para la adjudicación de varios proyectos de futuras VPO a cambio de que rescindir un contrato que tenía firmado con Mercasevilla para construir unas naves, cuya fianza había abonado y cuyo canon dejó de pagar la promotora al comprobar que los terrenos no reunían las garantías necesarias.
Pardal también afirma en su declaración ante la Policía, que se había reunido en varias ocasiones con el ex director general de Mercasevilla,
Fernando Mellet y su adjunto
Daniel Ponce, en las que se "
le prometían todo tipo de cosas". En otra ocasión, señala que también asistió a la reunión un director general de la Junta que supuestamente le prometió "
la concesión de una estación de ITV". La magistrada también ordena a la Policía que identifique a esta persona. Por último, en la declaración también aparece el nombre del ex secretario del Distrito Macarena,
José Marín, condenado a cinco años de prisión por el caso de las facturas falsas, quien le ofreció patrocinar el equipo de hockey Patín Macarena. Otro de los presuntos implicados en la trama es "
un hombre joven que decía ser la mano derecha del alcalde" que le prometió "
la concesión de todos los servicios de mantenimiento de las calles de Sevilla", con quien también afirma que mantuvo una reunión.
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